En la antesala del 50° aniversario del último golpe de Estado en Argentina, expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas manifestaron su preocupación por lo que consideran un deterioro en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia impulsadas por la administración del presidente Javier Milei.
A través de un comunicado conjunto, relatores especiales advirtieron sobre “retrocesos alarmantes” y señalaron que el país, históricamente reconocido por su liderazgo en materia de justicia transicional desde el retorno de la democracia en 1983, estaría perdiendo ese posicionamiento a nivel internacional.
Argentina supo consolidar un modelo de referencia global en derechos humanos, con hitos como la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, el histórico Juicio a las Juntas, la tarea del Banco Nacional de Datos Genéticos y el trabajo sostenido de organismos como Abuelas de Plaza de Mayo. Estos procesos permitieron avances significativos en la identificación de víctimas, la restitución de identidades y el juzgamiento de responsables por crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, los especialistas de la ONU señalaron que actualmente se observa un “rápido deterioro” de ese legado. Entre los firmantes figuran referentes como Bernard Duhaime, Gabriella Citroni, Morris Tidball-Binz, Alexandra Xanthaki y Alice Jill Edwards.
De acuerdo al informe, desde 2024 se enviaron al menos seis comunicaciones al Estado argentino alertando sobre medidas que implican el desmantelamiento de políticas públicas vinculadas a derechos humanos. Entre ellas, mencionaron la desarticulación de equipos de investigación de archivos de las Fuerzas Armadas, la reducción de áreas clave dentro de la Secretaría de Derechos Humanos, el debilitamiento de querellas en causas de lesa humanidad y el vaciamiento de espacios de memoria.
En ese marco, los expertos instaron al Gobierno a “restablecer de manera urgente las instituciones y políticas desmanteladas” y a evitar acciones que puedan erosionar el proceso histórico de justicia y reparación.
Asimismo, advirtieron sobre la utilización de discursos que relativizan o niegan los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, señalando que este tipo de posicionamientos constituyen una forma de desinformación y vulneran los derechos de las víctimas. También remarcaron que los indultos o beneficios para condenados por delitos de lesa humanidad están prohibidos por el derecho internacional.
El pronunciamiento se da en un contexto de fuerte sensibilidad social de cara a una nueva conmemoración del 24 de marzo, fecha que recuerda el inicio del Golpe de Estado en Argentina de 1976, y reaviva el debate sobre el rumbo de las políticas de derechos humanos en el país.