A casi siete años del crimen de Héctor López y Federico Lomena, cuyos cuerpos fueron hallados enterrados y cubiertos con cal en diciembre de 2018, la fiscalía confirmó que el expediente será elevado a juicio oral. La decisión fue ratificada en contacto con LU17 por la fiscal interviniente, Silvina Salazar, quien destacó que, tras superar numerosos obstáculos judiciales, “hoy estamos en condiciones de peticionar la elevación de la causa a juicio”.
El caso atravesó un complejo derrotero judicial que incluyó planteos de competencia entre la Justicia Federal y la Ordinaria, llegando incluso a la Corte Suprema de la Nación. En un primer momento, la investigación se vinculó con una causa federal por narcotráfico, ya que los homicidios habrían estado relacionados con el robo de un cargamento de droga y actividades de narcomenudeo en Puerto Madryn. Finalmente, el máximo tribunal resolvió que la jurisdicción correspondía al fuero ordinario, lo que permitió reactivar el proceso.
Una investigación marcada por trabas y demoras
La investigación fue encabezada inicialmente por la fiscal Silvina Salazar, pero debió interrumpirse cuando el expediente pasó al fuero federal. Recién tras la resolución de la Corte volvió a manos de la Justicia provincial. En ese lapso, la defensa de los acusados planteó múltiples incidentes, lo que obligó la intervención del Superior Tribunal de Justicia de Chubut.
La causa fue declarada de “asuntos complejos”, lo que habilitó la extensión de plazos para la investigación. Sin embargo, la demora jugó en contra: seis jóvenes fueron imputados, pero la prisión preventiva venció y hoy permanecen en libertad bajo medidas sustitutivas. Uno de los acusados, señalado como uno de los principales responsables, se quitó la vida.
“En tres años, en la justicia ordinaria solemos tener sentencias confirmadas en segunda instancia. En este caso, la Justicia Federal consumió todo el plazo máximo sin concluir las medidas probatorias”, explicó la fiscal Salazar.
Pruebas clave y reconstrucción del expediente
El traspaso de la causa implicó rehacer gran parte de la investigación: hubo que requerir secuestros de pruebas a Buenos Aires, garantizar la cadena de custodia y repetir diligencias básicas.
Uno de los elementos centrales fueron las pericias sobre los teléfonos celulares secuestrados en 2018, realizadas con la colaboración de la Policía Federal en Buenos Aires, dado que Chubut no contaba entonces con la tecnología necesaria para desbloquearlos. Esa información fue fundamental para sostener la hipótesis de la fiscalía sobre los vínculos de los imputados con el doble homicidio.
Además, aunque algunos testigos fallecieron en el transcurso de estos años, sus declaraciones firmadas y con reserva de identidad podrán incorporarse al juicio por lectura, de acuerdo con el Código Procesal.
“La sociedad necesita respuestas”
La fiscal Silvina Salazar subrayó que el proceso fue “enormemente complejo”, pero resaltó que se preservaron pruebas suficientes para llegar a la instancia oral.
“La sociedad madrynense necesita saber qué sucedió, cómo sucedió y quiénes fueron los responsables. Fue un hecho de extrema gravedad y, pese a las dificultades, hoy podemos pedir la elevación a juicio”, afirmó.
El doble crimen de López y Lomena conmocionó a la ciudad en 2018, no solo por la brutalidad del hecho, sino también por el trasfondo narco que lo rodeó. Ahora, con el pedido de juicio oral, se abre la expectativa de que finalmente se conozca una sentencia sobre uno de los casos más resonantes de la última década en Chubut.