El plan económico del gobierno de Javier Milei profundizó la desigualdad social: los trabajadores, jubilados y personas con discapacidad son los más afectados. El endeudamiento de los hogares alcanzó niveles históricos, y millones de argentinos ya viven en emergencia financiera.
El programa de ajuste impulsado por el gobierno nacional generó una fuerte caída del poder adquisitivo y un deterioro sin precedentes en el nivel de vida de los sectores medios y bajos. Los salarios quedaron rezagados frente a la inflación, los servicios básicos aumentaron muy por encima de los ingresos y las ayudas sociales se redujeron, empujando a miles de familias a financiar su subsistencia con deuda.
En este contexto, un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) advierte que uno de cada tres argentinos mantiene deudas con bancos o entidades financieras, con un monto promedio que ronda los $3,7 millones por persona. Para cancelar esas obligaciones, los deudores necesitarían al menos tres salarios completos del sector privado registrado, el más alto dentro del mercado laboral formal.
La tendencia es clara: cada vez más personas se endeudan para cubrir gastos corrientes —como alimentos, medicamentos, transporte o alquiler— y no para realizar inversiones o compras de largo plazo.
Trabajadores, jubilados y personas con discapacidad: los más golpeados
Los trabajadores asalariados fueron los primeros en sentir el impacto del ajuste. La pérdida del poder adquisitivo superó el 25% en lo que va del año, mientras que los precios de los alimentos y los servicios esenciales continúan en alza.
Entre los jubilados, la situación es aún más crítica. El haber mínimo cubre apenas una cuarta parte de la canasta básica de la tercera edad, que supera el millón y medio de pesos. Según un informe de la Defensoría de la Tercera Edad, casi cinco millones de jubilados dependen de ingresos que no alcanzan ni para pagar medicamentos y alimentos básicos.
Las personas con discapacidad también sufren el ajuste: recortes en pensiones, retrasos en pagos a prestadores y subas en el costo de tratamientos y transporte dejaron a miles sin cobertura adecuada. “El modelo actual castiga a quienes más necesitan del Estado”, advirtieron desde organizaciones del sector.
La deuda como parte del día a día
De acuerdo con los datos oficiales, más de la mitad de los hogares endeudados destina entre el 40% y el 60% de sus ingresos mensuales al pago de deudas.
El contexto es alarmante: una familia tipo necesitó en septiembre $1.176.800 para no ser considerada pobre, según el INDEC. Con un salario mínimo que apenas cubre una cuarta parte de ese monto, la brecha entre ingresos y gastos esenciales sigue en aumento.
El alquiler también se transformó en un factor de presión. Tras la desregulación del mercado inmobiliario mediante el DNU 70/2023, el 65% de los inquilinos del país contrajo deudas y casi la mitad se atrasó en los pagos, aun cuando ya destinan cerca del 50% de su salario a cubrir la vivienda.
Un modelo económico que no genera empleo
El informe del IAG advierte que las actividades que muestran crecimiento —como la minería, el agro y la intermediación financiera— son las que menos empleo generan, mientras que los sectores que más trabajo aportan —industria, comercio y construcción— registran fuertes caídas.
“Bajo este modelo, la Argentina podría crecer sin generar nuevos empleos. De hecho, el desempleo aumentó y hay 113.000 trabajadores registrados menos que en noviembre de 2023”, señala el estudio.
El crédito como única salida
En total, 15 millones de personas están endeudadas con bancos o financieras, lo que equivale al 32% de la población. Si se suman los canales informales —como préstamos entre familiares, amigos o prestamistas—, el número se dispara: nueve de cada diez argentinos tienen algún tipo de deuda activa.
Según el Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), el 75% de esas deudas se originaron en 2024, año marcado por la fuerte devaluación, la inflación récord y la caída de los salarios reales.
“La inflación y la pérdida del poder adquisitivo han generado una crisis de ingresos que obliga a muchas familias a vivir en un estado de emergencia financiera permanente”, remarcaron desde el IETSE.
Jubilados en emergencia
El impacto del ajuste también se refleja en el sistema previsional. Los jubilados con haber mínimo perdieron 23% de su poder de compra desde noviembre de 2023, lo que equivale a una pérdida acumulada de casi $4 millones por persona.
Esa pérdida obligó a muchos adultos mayores a seguir trabajando: el 17,1% de los jubilados continúa en actividad, según datos del INDEC.
Con ingresos que apenas alcanzan los $396.000 (incluyendo bono), los jubilados deben cubrir gastos que superan ampliamente esa cifra: medicamentos ($402.800), alimentos ($348.000), vivienda ($294.000) y servicios básicos.
Una economía en estado de deuda
El sobreendeudamiento se transformó en una trampa que erosiona los ingresos y obliga a muchas familias a refinanciar sus deudas con nuevos créditos, generando un círculo del que resulta difícil salir.
La dependencia del crédito como herramienta de subsistencia es hoy uno de los síntomas más visibles del deterioro económico y social del país, y una de las consecuencias más duras del rumbo económico actual.
Fuente El Destape