Una vez más, el gobierno de Javier Milei demuestra que su motosierra no distingue entre privilegios y derechos. Esta vez, el blanco fue uno de los sectores más vulnerables de la sociedad: las personas con discapacidad. Con un anuncio frío y cargado de cinismo, el Ejecutivo confirmó la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que dejará de existir como organismo descentralizado para ser absorbida por el Ministerio de Salud.
El vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, intentó maquillar la decisión con el ya conocido discurso de la “transparencia” y la “reducción de estructuras inútiles”. Sin embargo, detrás de esa retórica tecnocrática se esconde otro ajuste brutal, ejecutado con una alarmante falta de sensibilidad social y un profundo desprecio por las políticas públicas de inclusión.
La eliminación de la ANDIS llega luego de meses de recortes al sector, demoras en prestaciones, incertidumbre para miles de familias y, como si fuera poco, tras la negativa del Gobierno a cumplir la ley de emergencia en discapacidad sancionada por el Congreso. No es un hecho aislado: es parte de un modelo que responde sistemáticamente a los intereses de los poderosos, mientras castiga a quienes menos tienen.
Adorni justificó el cierre en supuestas irregularidades en el otorgamiento de pensiones, pero evitó cuidadosamente mencionar el escándalo de corrupción que sacudió al propio Gobierno y tuvo a la ANDIS como epicentro. Los audios atribuidos al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo —amigo personal del presidente Milei— hablan de coimas en la compra de medicamentos y mencionan a figuras del círculo íntimo del poder libertario, como Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. De eso, ni una palabra.
El relato oficial promete que “no se van a cortar pensiones”, pero la experiencia reciente indica lo contrario: detrás de cada anuncio de “orden” y “auditoría” llegan los recortes, la burocratización y la desprotección. Las personas con discapacidad no necesitan slogans de transparencia, necesitan políticas activas, recursos, acompañamiento y un Estado presente.
Mientras el Gobierno enumera irregularidades genéricas —fallecidos que cobraban pensiones, trámites sin respaldo, organizaciones fantasma— la Justicia avanza en la causa ANDIS, que involucra a exfuncionarios ligados al poder económico y político del oficialismo. En ese marco, el silencio sobre los casi 700 mil dólares y más de 19 millones de pesos secuestrados en el allanamiento a Ornella Calvete resulta tan elocuente como indignante.
Este nuevo atropello confirma una constante del mileísmo: ajuste para los de abajo, impunidad para los de arriba. Un gobierno que se llena la boca hablando de libertad, pero que le quita derechos a quienes más protección necesitan. La discapacidad no es un gasto, es una responsabilidad del Estado. Y convertirla en variable de ajuste es, además de injusto, profundamente inhumano.
Fuente/Página 12