La reforma laboral con media sanción en el Congreso no solo expone el rumbo del gobierno de Javier Milei en materia económica y social; también deja al descubierto una incómoda realidad en el frente sindical. Mientras el oficialismo avanza con cambios que reducen derechos históricos de los trabajadores, la conducción de la Confederación General del Trabajo parece optar por la contemplación antes que por la confrontación.
La ampliación del período de prueba, la flexibilización en los despidos, la modificación de los esquemas indemnizatorios y el debilitamiento de la negociación colectiva no son detalles técnicos: son transformaciones estructurales que alteran el equilibrio entre empleador y empleado. Bajo el argumento de “modernizar” y “dar competitividad”, el Gobierno promueve un modelo donde el trabajador asume mayores riesgos y pierde herramientas de defensa.
El discurso oficial insiste en que la reducción de cargas y regulaciones generará empleo. Sin embargo, lo que se observa es un escenario de mayor precarización potencial, con menor estabilidad y un debilitamiento del poder sindical. La promesa de crecimiento no garantiza dignidad laboral, y la experiencia histórica demuestra que flexibilizar no siempre significa crear trabajo de calidad.
En este contexto, la pregunta resuena con fuerza: ¿dónde está la CGT? La central obrera, históricamente protagonista en conflictos laborales, hoy parece moverse con una prudencia que roza la inacción. Las declaraciones formales no alcanzan cuando lo que está en juego son conquistas que costaron décadas de lucha.
Para muchos trabajadores, el silencio o la moderación extrema de la conducción sindical termina funcionando como un aval implícito al avance oficial. Sin una respuesta firme, el Gobierno encuentra el terreno despejado para impulsar su agenda sin enfrentar una resistencia proporcional. Así, lo que debería ser un contrapeso se transforma, en los hechos, en un aliado circunstancial.
La crítica al gobierno de Milei es contundente: su proyecto reduce el rol del Estado como garante de derechos y coloca al mercado como árbitro absoluto. Pero la crítica también alcanza a la dirigencia sindical que, en un momento decisivo, parece optar por la cautela estratégica antes que por la defensa frontal de sus representados.
La reforma laboral no es solo una ley más; es un punto de inflexión. Y en este escenario, la ausencia de una reacción contundente de la CGT deja abierta una conclusión incómoda: cuando el poder avanza y el sindicalismo observa, la balanza siempre termina inclinándose contra los trabajadores.