Daniel Vera es docente jubilado del Chaco, tiene 64 años y lleva seis meses bajo prisión domiciliaria por publicaciones en redes sociales críticas del gobierno de Javier Milei. No tiene antecedentes, no pertenece a ninguna organización violenta ni amenazó a nadie. Su único “delito” fue opinar.
El caso no es un hecho aislado: es un mensaje disciplinador. Bajo el pretexto del “combate al odio”, el Estado avanza sobre la libertad de expresión y utiliza el aparato judicial para castigar el pensamiento crítico. Mientras tanto, desde el oficialismo se naturalizan insultos, estigmatización y violencia verbal contra periodistas, opositores y sectores vulnerables.
Que una fuerza policial haya viajado casi mil kilómetros para allanar la casa de un jubilado chaqueño, que se lo exhiba mediáticamente como un peligro y que permanezca detenido durante medio año, no es justicia. Es escarmiento. Es miedo. Es autoritarismo.
Hoy es Daniel Vera, un docente jubilado por un tuit. Mañana puede ser cualquiera que se atreva a cuestionar al poder.
Cuando opinar se vuelve delito, la democracia deja de ser una garantía y pasa a ser una advertencia.