El abogado Daniel Gómez Lozano advirtió sobre la gravedad institucional y legal que representa el cierre del acceso público a la pingüinera ubicada en Caleta Valdés, dentro de la Península Valdés, y cuestionó la pasividad de las autoridades ante un hecho que calificó como “absolutamente ilegítimo”.
En diálogo con LU17, el letrado explicó que se trata de un espacio de uso público, no por una declaración formal, sino por su utilización histórica y sostenida durante más de 25 años, con obras de infraestructura realizadas por el Estado mediante fondos públicos. Entre ellas mencionó estacionamientos, senderos, cartelería informativa y pasarelas destinadas al recorrido turístico.
Según indicó Gómez Lozano, el acceso habría sido cerrado de manera unilateral por los propietarios del campo, perteneciente a la familia Ferro, sin autorización administrativa ni resolución judicial que lo respalde. “De un día para otro se decidió impedir el ingreso a un lugar público, y lo más grave es que el Estado observa esta situación sin intervenir”, sostuvo, al comparar el hecho con “cerrar una plaza pública”.
El abogado recordó que la medida había sido anunciada desde el mes de noviembre y que incluso se había anticipado que el cierre se concretaría durante los primeros días de enero. “Es la crónica de una muerte anunciada”, afirmó, y reclamó acciones inmediatas por parte de las autoridades competentes, como actas de constatación, sumarios administrativos, eventuales acciones penales y la reapertura inmediata del acceso a la costa.
Consultado sobre el estatus legal del camino y del sitio turístico, Gómez Lozano explicó que se trata de un acceso público por su propia naturaleza, ya que es utilizado de manera abierta, permanente y organizada por la comunidad, agencias de turismo y visitantes. “No se trata de un paso clandestino. Hay caminos vehiculares, estacionamientos, senderos de madera, cartelería informativa y visitas turísticas regulares, lo que confirma su carácter público”, detalló.
Asimismo, advirtió que este conflicto forma parte de una problemática más amplia en distintas zonas de la Patagonia, vinculada a la compra de grandes extensiones de tierra por parte de fundaciones ecologistas que restringen el acceso a playas y espacios tradicionalmente utilizados por productores, pescadores y recolectores.
En ese marco, mencionó reclamos de la Sociedad Rural por la pérdida de áreas productivas y denuncias de pescadores artesanales que ya no pueden acceder a determinadas playas. También recordó planteos realizados en una reciente reunión en el CENPAT, donde una cooperativa de recolectores de algas señaló que, tras la compra de campos por parte de una fundación privada, solo pueden ingresar a terrenos pertenecientes a uno de sus socios.
Finalmente, Gómez Lozano cuestionó la falta de transparencia sobre el origen de los fondos utilizados por estas organizaciones para adquirir tierras. “Se presentan como protectoras del ambiente, pero en los hechos cierran accesos públicos y afectan derechos históricos. Muchas de estas fundaciones están vinculadas a capitales extranjeros y nunca explican claramente de dónde provienen los recursos”, concluyó.