El dirigente de la UTA, Samuel Alarcón, manifestó su intranquilidad ante la quita de subsidios del gobierno nacional al trasporte público en el país, que golpea al bolsillo del usuario y pone en peligro los puestos de trabajo. “Es una situación bastante preocupante para el sector”, señaló. Además, agregó: “Es un abandono directamente al usuario que ha sido beneficiado por el subsidio. Si se elevan los costos de los boletos, también va a ser menos el caudal de pasajeros y eso puede llegar a tener por consecuencia la reducción de los servicios”.
Por su parte, instó a las autoridades para que encuentren soluciones a esta problemática, y resaltó que “las provincias y los municipios tomen cartas en el asunto para que sea subsanado y no sea tanto el impacto volcado a la tarifa”. Por esta situación, remarcó que “habrá que ver si todos los municipios de todo el interior del país y las distintas provincias están a la altura de las circunstancias”.
Asimismo, indicó que mantienen reuniones con empresarios y con el área de transporte de la provincia para lograr encontrar soluciones para este conflicto. “Nosotros manifestamos nuestra preocupación respecto a los puestos de trabajo, y ellos viendo y canalizando cómo hacer para poder pasar este trance, que va a generar muchos cambios”.
Frente a la posibilidad de que el boleto en nuestra ciudad pase a valer entre $800 y $1000 pesos, expresó que “el ejecutivo municipal ha estado muy presente en tratar de resolver este tipo de cuestiones y cuidar el bolsillo de la gente”.
Otra consecuencia que alerta a todos los sectores es la posible reducción de personal. “No es solamente el castigo que va a sufrir el usuario con la tarifa sino también la empresa al tener menor ingreso por el pasaje, va a tener que achicar los servicios y eso trae ajustes estructurales”, dijo.
El sector empresarial no queda exento de esta situación, ya que, ante la posible disminución en los servicios, también se verá afectado. “La voluntad del sector empresario haciendo frente aún así a las paritarias, sin generar atrasos, porque el estado nacional tiene una deuda importante con las empresas de la provincia del Chubut, que son dos meses de atraso. Esto castiga a las economías de las empresas, genera poca inversión en el parque automotor y, por los costos, no se pueden renovar”, aseveró.