La Justicia decretó la quiebra de Lácteos Conosur S.A., administradora de la tradicional planta La Suipachense, ubicada en el partido bonaerense de Suipacha, poniendo fin a más de siete décadas de historia en la industria láctea nacional.
La medida, dispuesta por el juez Leandro Julio Enríquez, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 7 de Mercedes, establece el cierre definitivo de la empresa, dejando 140 empleados sin trabajo y marcando otro duro golpe al sector.
El fallo judicial cierra un largo proceso concursal iniciado meses atrás y abre la etapa de liquidación judicial. Desde el gremio Atilra confirmaron que la compañía venía atravesando una crisis terminal, con la producción paralizada, sueldos impagos y el predio ocupado por los trabajadores.
El grupo venezolano Maralac, propietario de Lácteos Conosur, ya había estado involucrado en la quiebra de ARSA (Alimentos Refrigerados S.A.), ex responsable de los productos SanCor, otra víctima del colapso en el sector.
Un nuevo golpe a la industria láctea
El cierre de La Suipachense refleja la crisis estructural que afecta al sector lácteo argentino, marcada por la caída del consumo interno, el incremento de los costos y el endeudamiento creciente. Empresas emblemáticas como SanCor, ARSA y Lácteos Verónica atraviesan situaciones similares, con despidos, plantas paralizadas y riesgo de continuidad.
Deuda millonaria e inhabilitación judicial
La Suipachense llegó a ser un emblema productivo del oeste bonaerense, con más de 250.000 litros de leche procesados por día y una trayectoria de 75 años en el mercado. Sin embargo, la planta quedó completamente paralizada y la empresa acumuló una deuda superior a los $8.400 millones, además de reclamos laborales por más de $1.000 millones.
El juez ordenó la inhabilitación definitiva de Lácteos Conosur y de su presidente, Jorge Luis Borges León, quien no podrá salir del país sin autorización judicial. También dispuso el bloqueo de cuentas, la inhibición de bienes y la clausura de la planta, con incautación de documentación contable.
La Sindicatura continuará a cargo durante la etapa de quiebra para relevar activos y garantizar la seguridad del predio. Los acreedores podrán verificar créditos hasta el 10 de febrero de 2026, mientras que las impugnaciones se presentarán entre marzo y mayo del mismo año.