En un hecho de extrema gravedad institucional y humana, el presidente de la Nación, Javier Milei, arremetió desde sus redes sociales oficiales contra Ian Moche, un niño de tan solo 12 años diagnosticado con trastorno del espectro autista (TEA), reconocido por su activismo por la inclusión y la concientización sobre la neurodivergencia. Esta acción no solo representa un acto de violencia simbólica ejercido desde el poder, sino también un episodio alarmante de acoso y estigmatización contra un menor vulnerable.
Todo comenzó cuando el mandatario republicó una imagen compartida por la cuenta anónima “Hombre Gris”, una página dedicada a difundir fake news, contenidos conspirativos y piezas de propaganda en favor del oficialismo más extremo. En esa publicación se acusaba al periodista Paulino Rodrigues de utilizar a Ian para atacar a Milei en una supuesta maniobra política, calificando al niño como “parte de una familia kirchnerista” y señalándolo como “operador en contra del gobierno”.
Hasta aquí, la situación ya sería repudiable si proviniera de cualquier cuenta anónima o fanática en redes sociales. Pero no. Lo que convierte esto en una afrenta de magnitudes institucionales es que fue el propio presidente de la República quien decidió amplificar ese mensaje, desde su cuenta verificada, con millones de seguidores. Difundió la imagen del niño sin ningún tipo de filtro ni resguardo, y avaló con su autoridad presidencial una acusación ridícula, maliciosa y profundamente violenta.
Un presidente atacando a un niño. No se trata de una hipérbole ni de una interpretación libre. Es un hecho. Javier Milei, la máxima figura del Estado, con todas las responsabilidades que ello implica, apuntó públicamente contra un menor que, además de su corta edad, pertenece a un colectivo históricamente invisibilizado y discriminado. Lo hizo con saña, con desprecio, y con la misma lógica beligerante con la que ha atacado a periodistas, docentes, científicos, artistas y hasta organismos de derechos humanos. Pero esta vez, el blanco fue un niño.
Este acto inaceptable expone de forma cruda lo que ya es una constante en la gestión de Milei: el uso del poder presidencial no para construir, sino para perseguir, hostigar y aniquilar simbólicamente a quienes considera enemigos. Y en esa cruzada personal de odios y fantasmas ideológicos, no hay límite, ni responsabilidad institucional, ni empatía humana que lo detenga.
El caso de Ian Moche duele, pero también alarma. Porque si un presidente se siente con la impunidad suficiente como para exponer y atacar a un niño autista por motivos ideológicos, ¿qué queda para el resto? ¿Qué pueden esperar quienes piensen distinto, quienes alcen la voz, quienes se animen a cuestionar?
Esto no es una polémica más de Twitter. Es un punto de quiebre ético. Es una agresión directa a los valores más básicos de una sociedad democrática y a la integridad de un menor. Es también una muestra del desprecio total por los derechos de la infancia, por la diversidad y por la función pública como espacio de servicio, no de venganza personal.
El silencio ante este atropello sería complicidad. La naturalización de este tipo de ataques desde el Estado no solo valida el discurso de odio: lo institucionaliza. Por eso, este hecho exige una condena rotunda de todos los sectores políticos, sociales, periodísticos y judiciales. No puede haber ambigüedad, no puede haber cálculos ni medias tintas cuando se trata de proteger a un niño frente al abuso de poder.
Javier Milei ha demostrado nuevamente que su lógica de confrontación permanente y su desprecio por cualquier tipo de disenso no conocen barreras. Pero esta vez fue más lejos que nunca. Tocó lo intocable: la infancia. Y con eso, vulneró uno de los pactos más elementales de nuestra convivencia como sociedad.
Es hora de que la Argentina diga basta. Porque si el poder se usa para atacar a los más débiles, ya no estamos hablando solo de mala política. Estamos hablando de crueldad.