Hay mentiras que duran poco. Algunas ni siquiera sobreviven un tuit. Otras, más torpes aún, se desmoronan con apenas una resolución administrativa. En los últimos días, la polémica alrededor de un supuesto «favoritismo» del municipio de Puerto Madryn hacia el Club Deportivo Madryn por el aporte a árbitros de la Primera Nacional se convirtió en el último ejemplo del triste espectáculo que ofrecen quienes intentan manipular la opinión pública con falsedades.
Porque no se trata de una denuncia seria ni de un dato nuevo. Se trata de una campaña burda, torpe, con fines mezquinos y de corto vuelo. El apoyo económico por parte del Estado municipal a instituciones deportivas locales no es un invento reciente, ni una práctica aislada, ni mucho menos un escándalo. Es una política sostenida en el tiempo, extendida a distintos clubes, disciplinas y torneos, por mencionar al club J.J. Moreno, club Ferrocarril Patagonico, las competencias nacionales e internacionales, Destino Madryn, Vuelta Ballenas, Ciclismo, Boxeo.
Y los documentos están. Desde nuestro trabajo de investigación accedimos a múltiples resoluciones oficiales. A modo de ejemplo, aportamos una resolución firmada en su momento por el municipio de Puerto Madryn donde figura un aporte económico al Club Guillermo Brown específicamente para solventar gastos de alojamiento de árbitros, cuando esa institución también participaba en la Primera Nacional. ¿Dónde estaba el escándalo entonces? ¿Por qué hoy se grita “vergüenza” cuando ayer se aplaudía?
Esa es la doble vara. El deporte sirve cuando me conviene. Los aportes son válidos cuando benefician al club amigo. El apoyo estatal es transparente solo cuando cae del lado correcto del mostrador político.
El Club Guillermo Brown —al que ahora algunos pretenden blindar de toda crítica mientras señalan con el dedo al “rival”— también recibió aportes millonarios para el torneo Pre-Federal de básquet. Más de cinco millones de pesos que nadie cuestionó. Porque, sencillamente, no hay nada que cuestionar. Es una política de Estado. Como ocurre en cada rincón del país, donde municipios y provincias acompañan a sus instituciones deportivas.
Lo más preocupante no es la mentira en sí. Es que haya actores políticos y comunicacionales que creen que la sociedad es tonta. Que puede tragarse el relato de una “ayuda escandalosa” cuando hay documentos oficiales, precedentes múltiples y lógica institucional que los desmienten. Que suponen que la gente no tiene memoria ni herramientas para entender la realidad.
Quienes hoy pretenden instalar esta falsedad —quizás dolidos por una derrota, una interna o perder la categoría o simplemente por conveniencia— no solo subestiman al ciudadano común, también se exponen al ridículo. Porque cuando todo se puede comprobar con un clic, con una búsqueda mínima, con una resolución a la vista, mentir no es solo ruin: es estúpido.
Y en ese borde caminan. Con torpeza, con mala fe, y con un profundo desprecio por la inteligencia colectiva.