Lo que está en juego no es una disputa menor entre un gobierno y un sector de la prensa. Lo que se está erosionando con gestos, decisiones y discursos es un principio fundante de la democracia argentina: la libertad de expresión. Y cuando ese principio se vulnera desde el propio poder, el problema deja de ser político para convertirse en institucional.
El accionar del presidente Javier Milei frente a los medios de comunicación ya no puede interpretarse como exabruptos aislados ni como parte de un estilo confrontativo. Impedir el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, avalar denuncias penales contra trabajadores de prensa y estigmatizar públicamente a quienes no se alinean con el discurso oficial constituye un patrón. Y los patrones, en política, revelan decisiones.
La denuncia impulsada por la diputada Marcela Pagano no solo pone en evidencia una fractura dentro del propio oficialismo, sino que también deja al descubierto la gravedad institucional del hecho. La Casa Rosada no es un espacio privado ni un club de afinidades ideológicas: es la sede del Poder Ejecutivo y, por definición, un ámbito que debe garantizar el acceso a la información pública.
Los argumentos esgrimidos para justificar la restricción desde supuestas razones de seguridad hasta acusaciones de espionaje no resisten el análisis cuando se los confronta con la Constitución Nacional. Los artículos 14 y 32 no son decorativos: establecen con claridad el derecho a publicar ideas sin censura previa y prohíben cualquier forma de restricción estatal sobre la prensa. Lo que se está viendo, en cambio, es un intento de disciplinamiento.
La persecución simbólica y en algunos casos judicial contra periodistas como Luciana Geuna e Ignacio Salerno marca un punto de inflexión preocupante. Cuando el poder denuncia a quienes investigan, el mensaje no es solo para esos profesionales, sino para todo el ecosistema mediático: el costo de incomodar puede ser alto.
A esto se suma un contexto más amplio que incluye el desmantelamiento de estructuras informativas históricas, como Télam, y la utilización de la pauta oficial como herramienta de presión. No se trata de medidas aisladas, sino de una lógica que parece orientada a reducir el pluralismo informativo.
El discurso presidencial, cargado de descalificaciones hacia el periodismo, no es inocuo. Cuando desde la máxima investidura del país se califica a periodistas como “basuras” o “delincuentes”, se legitima un clima de hostilidad que excede lo retórico. Se construye un enemigo interno: aquel que pregunta, que investiga, que incomoda.
Una democracia sólida no se mide por la comodidad de sus gobernantes, sino por la libertad de quienes los controlan. La prensa no está para aplaudir ni para agradar; está para informar, incluso cuando eso molesta. Y cuando el poder intenta silenciarla por acción o por intimidación, lo que queda en evidencia no es fortaleza, sino debilidad.
La historia argentina ha demostrado, con costos altísimos, que cada retroceso en materia de libertad de prensa abre la puerta a abusos mayores. Por eso, más allá de las simpatías o rechazos que pueda generar un gobierno, hay límites que no deberían cruzarse. Porque cuando se normaliza la censura, lo excepcional se convierte en regla. Y entonces, el silencio deja de ser una opción para convertirse en imposición.