La narrativa de la “casta” como enemigo a combatir fue uno de los pilares discursivos del oficialismo. Sin embargo, con el paso de los meses, esa construcción empieza a resquebrajarse bajo el peso de denuncias que ya no pueden ser desestimadas como simples operaciones políticas. El caso que involucra a Manuel Adorni expone una contradicción incómoda para el gobierno de Javier Milei: la promesa de transparencia choca de frente con sospechas crecientes de opacidad y posible corrupción.
Las revelaciones impulsadas por la diputada Marcela Pagano, quien supo integrar el propio espacio libertario, agregan un elemento difícil de ignorar: la presunta existencia de movimientos millonarios en billeteras virtuales vinculadas a Adorni. La cifra de tres millones de dólares no es menor, pero más inquietante aún es el mecanismo señalado. Las “wallets”, lejos de ser un detalle técnico, aparecen como una posible vía para canalizar fondos con trazabilidad difusa, en un contexto donde la política debería extremar —y no relajar— los estándares de control.
El problema para el oficialismo no es únicamente judicial; es, sobre todo, político. La decisión de sostener a Adorni en su cargo, aun cuando el cerco judicial parece estrecharse, proyecta una señal de tolerancia frente a prácticas que el propio Milei había prometido erradicar. En ese sentido, la defensa cerrada del funcionario no solo compromete su figura individual, sino que ata la credibilidad del gobierno a la evolución de una causa que recién comienza a desplegar sus aristas más delicadas.
La referencia a episodios como “$LIBRA” y la hipótesis de una posible “ruta del dinero” dentro del universo libertario refuerzan la idea de que no se trata de un hecho aislado, sino de un entramado que merece ser investigado con profundidad. Si, como sostiene Pagano, existen datos concretos en la Justicia y herramientas tecnológicas para seguir el rastro de las transacciones, la pregunta deja de ser si se puede investigar y pasa a ser si hay voluntad política real para hacerlo.
En definitiva, el gobierno enfrenta una encrucijada clásica pero determinante: o impulsa una investigación transparente que despeje dudas —aunque eso implique costos internos— o queda atrapado en la lógica que alguna vez denunció. Porque cuando el discurso anticorrupción se convierte en un recurso selectivo, pierde su valor moral y se transforma en un mero instrumento de conveniencia. Y en ese terreno, la distancia entre la “nueva política” y la vieja casta se vuelve, peligrosamente, indistinguible.