La escena se repite, pero no por eso deja de ser escandalosa. Este miércoles, frente al Congreso de la Nación, el gobierno de Javier Milei volvió a mostrar con crudeza cuál es su verdadero programa: ajuste para los de abajo, represión para quienes protestan y silencio forzado para los sectores más vulnerables. Esta vez, las víctimas fueron jubiladas y jubilados que, con una protesta pacífica, reclamaban lo mínimo indispensable para vivir con dignidad.
Mientras dentro del recinto los diputados debatían un presupuesto 2026 atravesado por recortes brutales en jubilaciones, discapacidad y educación, afuera las fuerzas de seguridad descargaban su violencia contra adultos mayores que repartían volantes, soplaban burbujas y caminaban lentamente por la vereda. No había disturbios, no había amenazas, no había violencia. La única “falta” fue reclamar derechos.
La respuesta del Estado fue tan desproporcionada como cruel: gases, bastonazos, chorros de agua y detenciones arbitrarias. Todo bajo la conducción de la flamante ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que eligió debutar en el cargo reprimiendo jubilados y ratificando la continuidad del modelo Bullrich: criminalizar la protesta social y blindar el ajuste con palos.
El mensaje del gobierno es claro y alarmante. No hay diálogo, no hay sensibilidad social, no hay empatía con quienes trabajaron toda su vida y hoy no pueden pagar medicamentos ni alimentos básicos. Para Milei y su gabinete, los jubilados no son ciudadanos con derechos: son un gasto a recortar y una molestia a disciplinar.
La represión no es un exceso ni un error operativo. Es una decisión política. Es la herramienta elegida para imponer un programa económico que condena a millones a la pobreza mientras protege intereses concentrados. Cuando un gobierno necesita golpear jubilados para sostener su presupuesto, el problema no es la protesta: es el modelo.
La violencia estatal contra los adultos mayores marca un límite moral que no debería cruzarse jamás. Sin embargo, este gobierno lo hace sin pudor, convencido de que la mano dura reemplaza a la justicia social y que el miedo puede tapar el hambre.
Hoy fueron jubilados. Mañana será cualquier sector que se anime a levantar la voz. La democracia no se defiende con gases ni bastones, y un país no se construye castigando a quienes más dieron. La represión a los jubilados no es solo una vergüenza: es una advertencia.
Página 12