El país obtuvo un fallo favorable en segunda instancia que le evita, por el momento, pagar los 16.000 millones de dólares establecidos en la sentencia de la jueza Loretta Preska.
La Justicia de Estados Unidos anuló este viernes la condena contra la Argentina en el caso YPF y ordenó a la jueza de primera instancia, Loretta Preska, que dicte un nuevo fallo. De este modo, el país evita en el corto plazo el pago de unos 16.000 millones de dólares.
La decisión fue adoptada por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que sostuvo que la ley de nacionalización de la empresa prevalece sobre los reclamos de los accionistas de YPF.
En primera instancia, Preska había considerado que la Argentina violó el estatuto de la compañía durante el proceso de expropiación impulsado en 2012, bajo la gestión del entonces ministro de Economía, Axel Kicillof. Sin embargo, ese argumento fue rechazado por el tribunal de apelaciones.
“Aun suponiendo que los estatutos crearan un contrato bilateral, las reclamaciones de los demandantes por incumplimiento contractual y daños y perjuicios están excluidas por la ley pública de la República que rige la expropiación”, señaló la Cámara en su fallo.
En ese sentido, la justicia estadounidense validó la ley 26.741 de nacionalización de YPF, promovida en 2012 durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Además, consideró correcto que la empresa haya sido excluida del proceso judicial, ya que no fue parte del litigio.
El fallo también remarcó que, según el derecho civil argentino, los estatutos de la compañía no generaron obligaciones contractuales directas de la República con los accionistas, incluidos los demandantes.
No obstante, las partes aún pueden recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos. El proceso judicial, iniciado en 2015, tuvo un fallo adverso para la Argentina en 2023, cuando se la condenó a pagar 16.000 millones de dólares.
Repercusiones
Tras conocerse la resolución, el presidente Javier Milei afirmó que “es un día muy especial para la Argentina y un día de mucha alegría”, durante un discurso en el Centro de Formación de Capital Humano. “Acá está la gestión: 18.000 millones de dólares”, subrayó.
Por su parte, un comunicado oficial de la Casa Rosada destacó que “la resolución constituye un hito clave en la estrategia jurídica del Estado argentino y refuerza el rumbo adoptado por el Gobierno nacional en materia de defensa del patrimonio público y ordenamiento económico”.
El respaldo de Estados Unidos
A comienzos de marzo, el gobierno de Estados Unidos había manifestado su apoyo a la Argentina en este litigio mediante un memorándum presentado ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito.
Según la postura de la administración de Donald Trump, los pedidos de información impulsados por los demandantes —y avalados en su momento por Preska— resultaban “demasiado invasivos”.
La presentación buscaba respaldar el planteo argentino para frenar la entrega de documentación, la posible aplicación de sanciones y la audiencia probatoria prevista entre el 21 y el 23 de abril de 2026.
Posteriormente, el 18 de marzo, la Justicia estadounidense dispuso la suspensión de las actuaciones vinculadas al juicio, en línea con el pedido del Estado argentino, representado por el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.
En ese marco, la Cámara de Apelaciones de Nueva York había ordenado que ningún tribunal avanzara con medidas relacionadas al caso hasta resolver la cuestión de fondo, instancia que finalmente se definió con el fallo conocido este viernes.
El Destape