La investigación judicial que apunta a un presunto ofrecimiento de dinero para entorpecer el inicio de clases en Chubut involucra al empresario y exfuncionario Gonzalo Carpintero, condenado en 2021 por el delito de enriquecimiento ilícito durante su paso por la función pública en la denominada causa “Revelación”.
El secretario Legal y Técnico del Gobierno provincial, Emiliano Chialva, ratificó la decisión oficial en declaraciones por LU17 y remarcó la gravedad institucional del hecho denunciado. “De comprobarse, estaríamos frente a un atentado no solo contra el Gobierno, sino contra las instituciones democráticas”, sostuvo el funcionario.
La denuncia fue presentada por el dirigente de ATE, José Seberiche, quien afirmó haber recibido una oferta económica para generar disturbios y complicar el normal inicio de clases. A partir de esa presentación, la Justicia dispuso medidas preliminares, entre ellas allanamientos orientados a preservar pruebas y avanzar en la investigación.
Chialva subrayó que el Ejecutivo provincial solo dispone de la información de carácter público, pero destacó la celeridad con la que actuó la Justicia. “Ante una denuncia de esta naturaleza se tomaron medidas urgentes para resguardar elementos probatorios. Esperamos que la investigación se formalice y que se pueda esclarecer lo ocurrido”, indicó.
En ese marco, confirmó que la Provincia se presentará como parte querellante para colaborar con la Fiscalía y acceder al expediente. “Más allá de las figuras penales que puedan corresponder, lo fundamental es que se investigue a fondo e independientemente de los nombres involucrados”, enfatizó.
El funcionario también valoró la decisión del dirigente gremial de radicar la denuncia. “Toda persona de bien debe actuar de esa manera ante un hecho que considera delictivo”, expresó.
Asimismo, advirtió que la educación pública “ha sufrido muchísimo en la provincia” y que cualquier intento de obstaculizar el inicio de clases afecta directamente a miles de estudiantes y familias. “No es un hecho menor. Costó mucho restablecer la normalidad y no puede ponerse en riesgo por intereses particulares”, afirmó.
Finalmente, Chialva sostuvo que este tipo de maniobras “no construyen nada como sociedad” y que, de confirmarse los hechos, se trataría de “una ofensa grave a las instituciones y a la sociedad en su conjunto”.