El presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de Chubut, el ingeniero Guillermo Espada, confirmó que el organismo provincial avanza con un proceso de recuperación de viviendas que presentan distintas irregularidades vinculadas al incumplimiento de las condiciones de adjudicación.
Según explicó el funcionario, las medidas apuntan a aquellos casos en los que los adjudicatarios no cumplen con las obligaciones establecidas por el IPV, ya sea por falta de pago, cesión indebida, alquiler de las propiedades o utilización de las viviendas para fines comerciales.
“Las viviendas son para uso único y familiar. Mucha gente cree que una vez adjudicada puede hacer cualquier cosa, y no es así. Hasta que la vivienda no está cancelada y escriturada, el propietario sigue siendo el Estado provincial”, sostuvo Espada.
El titular del IPV aclaró que no se trata de una política nueva y remarcó que el organismo viene realizando este tipo de recuperos desde hace tiempo en distintos puntos de la provincia. En ese sentido, señaló que recientemente se generó una confusión pública por la forma en que se comunicó uno de los procedimientos.
“Nosotros no quitamos viviendas, las recuperamos ante incumplimientos de los adjudicatarios. En el caso puntual, la persona no abonaba la vivienda y además la había vendido, algo totalmente prohibido”, indicó.
En declaraciones brindadas a LU17, Espada remarcó que las viviendas recuperadas serán reasignadas a familias que realmente necesiten acceder a un hogar y cumplan con los requisitos establecidos por el organismo provincial.
Asimismo, enfatizó que el IPV contempla situaciones excepcionales para quienes atraviesen problemas económicos, laborales o de salud, aunque aclaró que esas situaciones deben canalizarse por las vías administrativas correspondientes.
“Siempre existen mecanismos de solución para quienes tienen dificultades reales, pero dentro de los caminos normales del IPV. Lo que no podemos permitir es el usufructo indebido de viviendas sociales”, expresó.
El funcionario también hizo referencia a un caso que tomó notoriedad pública, relacionado con una vivienda del IPV utilizada para el funcionamiento de una panadería.
“Es un caso grave. No se habían abonado las cuotas y además se desarrollaba un emprendimiento comercial importante, con varias personas trabajando y hasta otras sucursales. Esa vivienda hace falta para una familia que realmente la necesite”, afirmó.
Finalmente, Espada sostuvo que el Estado provincial debe garantizar que las viviendas sociales cumplan con el objetivo para el cual fueron construidas y cuestionó el uso comercial de inmuebles financiados con recursos públicos.
“El Estado y todos los ciudadanos de Chubut no pueden estar sosteniendo negocios particulares mediante viviendas sociales. Tenemos que priorizar a quienes cumplen y realmente necesitan un hogar”, concluyó.