La UFE-AyDA ratificó ante el máximo tribunal provincial la acusación contra el productor ganadero Ricardo La Regina y solicitó la confirmación de la sentencia condenatoria por daños agravados y crueldad animal.
En una audiencia de revisión extraordinaria celebrada este martes ante el Superior Tribunal de Justicia del Chubut, la fiscal jefe Florencia Gómez y la fiscal de impugnación Silvia Pereira Dos Santos sostuvieron la validez de la prueba producida durante el proceso y defendieron las condenas confirmadas en instancias anteriores.
Los cinco ministros del tribunal —Mario Vivas, Camila Banffi, Silvia Bustos, Ricardo Napolitani y Javier Raidan— tienen ahora en sus manos la resolución definitiva del caso.
La representante de la UFE-AyDA Florencia Gómez argumento en favor de mantener la responsabilidad penal de La Regina frente a los planteos de la defensa, que solicitó la absolución del imputado.
Los hechos
La investigación, conducida por la Fiscal General Jefe Florencia Gómez desde su inicio, acreditó que entre agosto y diciembre de 2021 se realizaron trabajos con maquinaria pesada e instalación de alambrados electrificados sin autorización en un establecimiento rural próximo a la Reserva de Punta Tombo, durante la temporada reproductiva de la colonia de pingüinos de Magallanes. Las intervenciones provocaron la destrucción de nidos activos, la muerte de ejemplares y la alteración del hábitat en una zona de alto valor ambiental.
La investigación se extendió más de tres años e incorporó pericias ambientales, imágenes satelitales, inspecciones en el lugar y evidencia científica. El juicio oral, iniciado el 28 de octubre de 2024, contó con cerca de 92 testigos y una extensa prueba documental y pericial.
Situación procesal
Ricardo La Regina fue condenado por los delitos de daños agravados —tres hechos en concurso real— y crueldad animal. La causa se encuentra en instancia de revisión extraordinaria ante el Superior Tribunal de Justicia del Chubut, que debe resolver si confirma o modifica la sentencia condenatoria.
El Ministerio Público Fiscal considera este caso uno de los antecedentes más significativos en materia de derecho penal ambiental del país y de la región.
La decisión del STJ consolidará criterios sobre responsabilidad penal por delitos contra el ambiente y la fauna silvestre protegida.
