La Diputada María Andrea Aguilera, del bloque Despierta Chubut presentó una Declaración manifestando su firme rechazo al Decreto Nº 780/2024, que modifica y reglamenta la ley 27.275 de Acceso a la Información Pública. La legisladora, autora del proyecto de declaración que repudia esta normativa, considera que el decreto representa una grave regresión en el ejercicio de un derecho humano fundamental en un Estado democrático.

“Este decreto no solo contradice la ley 27.275, sancionada democráticamente por el Congreso de la Nación, sino que también vulnera la manda constitucional y los estándares internacionales de derechos humanos”, afirmó Aguilera. “Al ampliar las excepciones y otorgar discrecionalidad a los funcionarios públicos sobre lo que se considera información pública, se pone en riesgo el derecho de los ciudadanos a acceder a la información que les pertenece”.

Entre los fundamentos se destaca que la importancia del acceso a la información pública radica en su papel fundamental para la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la democracia. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido en reiteradas ocasiones que el derecho de acceso a la información es esencial para que los ciudadanos puedan ejercer un control democrático sobre las gestiones estatales. En el caso “CIPPEC c/Estado Nacional”, el tribunal subrayó que “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación”, lo que implica que toda información debe ser accesible, salvo excepciones muy limitadas y justificadas.

Además, cerca de setenta organizaciones de la sociedad civil han manifestado su preocupación por las implicancias del decreto, señalando que las excepciones establecidas por la ley original están siendo distorsionadas. “El acceso a la información es un pilar fundamental para la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. Limitarlo es un retroceso que no podemos permitir”, agregó.

En su proyecto de declaración, Aguilera solicita al Gobierno Nacional de Javier Milei que revoque las normas reglamentarias recientemente dispuestas en el Decreto N.º 780/2024 y reafirma la necesidad de garantizar el derecho de acceso a la información pública como un elemento esencial para el ejercicio de la democracia. “La información no pertenece al Estado, sino que es del pueblo de la Nación Argentina y resulta crucial para la rendición de cuentas y el sostenimiento de nuestra democracia”, enfatizó.

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