En su última sesión, la Legislatura de Chubut aprobó por unanimidad una nueva ley de adopciones que deroga la normativa vigente desde 2008 (Ley III-27) y actualiza el marco legal provincial de acuerdo con los lineamientos de la Convención de los Derechos del Niño y las reformas del Código Civil y Comercial de la Nación.
La iniciativa del Poder Ejecutivo crea la Oficina de Adopciones, con sede central en Rawson y delegaciones en distintas localidades, además del Registro Único Provincial de Aspirantes con Fines Adoptivos, que centralizará toda la información vinculada a quienes buscan adoptar.
La diputada de Despierta Chubut, María Andrea Aguilera, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, destacó que la reforma “representa un avance clave hacia un sistema de adopciones centrado en los derechos de niños, niñas y adolescentes”. Subrayó que la ley ratifica el principio de que la adopción es “una medida excepcional y subsidiaria”, priorizando siempre el derecho de cada niño a crecer en su familia de origen.
Entre los aspectos innovadores, Aguilera remarcó que la normativa prohíbe cualquier tipo de limitación o discriminación en la inscripción al registro basada en orientación sexual, identidad o expresión de género, estado civil, edad, situación económica, discapacidad, religión, nacionalidad, etnia o pertenencia cultural. “Lo que se evita es el uso de estereotipos o prejuicios a la hora de evaluar a las familias”, sostuvo.
La ley también formaliza el rol de los equipos interdisciplinarios, estableciendo su composición mínima y la necesidad de una formación continua y específica, dándoles un marco funcional claro dentro del proceso de adopción.
Otro punto relevante es el reconocimiento de la licencia por adopción en el ámbito público provincial, en sintonía con convenios y leyes específicas, con el fin de fortalecer el vínculo afectivo y acompañar la construcción del entorno familiar.
Asimismo, la diputada explicó que la normativa permite armonizar los registros provinciales con los del resto del país, para evitar asimetrías que generen ventajas o dificultades según cada jurisdicción.
Sistema de Familias Solidarias
En paralelo, la Legislatura aprobó por unanimidad otra iniciativa del Ejecutivo que actualiza el funcionamiento del sistema de Familias Solidarias, bajo estándares modernos de protección integral para la niñez y adolescencia.
La diputada Sandra Willatowski, presidenta de la Comisión de Legislación Social, Salud y Trabajo, indicó que el objetivo central es evitar la institucionalización y garantizar que, incluso en contextos de alta vulnerabilidad, los menores puedan permanecer transitoriamente en un entorno familiar que brinde contención y acompañamiento afectivo.
La nueva ley ordena y actualiza la figura de las familias solidarias, reforzando criterios de derechos humanos y adaptándolos al marco vigente de protección excepcional. Está dirigida a niñas, niños y adolescentes menores de 18 años que se encuentren bajo medidas excepcionales y que hayan sido declarados adoptables o cuenten con resolución judicial correspondiente.
Se considera familia solidaria a toda persona adulta o grupo familiar que, de manera voluntaria y sin intención adoptiva —es decir, como medida temporaria— ofrezca un hogar de tránsito seguro para niños, niñas y adolescentes.
La normativa también detalla las causales de finalización del acogimiento, así como los procedimientos para el egreso y la transición hacia la familia adoptiva o el retorno a la familia de origen.
Finalmente, el Poder Ejecutivo deberá reasignar partidas presupuestarias para implementar el sistema y contará con un plazo de 180 días desde la publicación de la ley para avanzar con su reglamentación.