El ajuste del Gobierno nacional vuelve a impactar sobre uno de los sectores más sensibles de la sociedad. En una nueva decisión que genera preocupación y fuerte rechazo, la administración de Javier Milei resolvió eliminar las compensaciones económicas que el Estado destinaba a las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños y adolescentes con enfermedades oncológicas.
La medida quedó oficializada mediante una resolución de la Secretaría de Transporte publicada este martes en el Boletín Oficial y marca otro capítulo dentro de la política de recortes impulsada por la Casa Rosada. A partir de ahora, las compañías deberán afrontar por cuenta propia el costo de los boletos gratuitos contemplados por distintas leyes nacionales.
El beneficio para los pasajeros continuará vigente, ya que las empresas siguen obligadas por ley a garantizar los traslados sin cargo. Sin embargo, la eliminación de la asistencia estatal abre interrogantes sobre el impacto que tendrá en la prestación del servicio y en el acceso efectivo a este derecho por parte de miles de personas en situación de vulnerabilidad.
Desde el Gobierno sostienen que la desregulación del sistema de transporte y la libertad tarifaria implementada durante la actual gestión modificaron las condiciones económicas del sector, permitiendo a las compañías absorber esos costos dentro de su estructura financiera. Bajo ese argumento, consideran que el esquema de subsidios perdió sentido y ya no resulta necesario mantenerlo.
La decisión se produce en medio de crecientes cuestionamientos hacia la política oficial en materia de discapacidad. Organizaciones sociales y referentes del sector denuncian desde hace meses retrasos, recortes y falta de cumplimiento de normativas aprobadas para atender la emergencia que atraviesan miles de familias.
En ese contexto, la eliminación de estas compensaciones es interpretada por distintos sectores como una nueva señal de distanciamiento del Estado respecto de políticas de protección social. Mientras el Ejecutivo defiende la reducción del gasto público como eje central de su programa económico, crece la preocupación por el impacto que estas medidas pueden tener sobre quienes dependen de la asistencia estatal para garantizar derechos básicos y acceder a tratamientos, controles médicos o traslados indispensables.