Profesores de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) difundieron un comunicado en el que expresan un enérgico rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno y enviado al Congreso. Según advierten, la iniciativa implica “un claro retroceso en materia de derechos sociales” y perjudica de manera directa a las personas que trabajan.
En el documento, los docentes sostienen que los cambios propuestos tienen como objetivo central la desprotección de los trabajadores, al eliminar principios fundamentales como el de la justicia social en la interpretación y aplicación de la ley. En ese sentido, califican el proyecto como “absolutamente regresivo”.
También cuestionan las modificaciones previstas en el derecho colectivo del trabajo. Afirman que la reforma promueve la quita de garantías para el ejercicio de la representación sindical y avanza sobre derechos propios de la acción gremial, limitando la actividad de los sindicatos.
El comunicado alerta, además, sobre las restricciones al derecho de huelga y la reducción de la vigencia de los convenios colectivos de trabajo. En particular, remarcan que se amplía de manera significativa la cantidad de actividades consideradas esenciales, lo que obliga a mantener elevados niveles de funcionamiento y restringe la acción colectiva en casi todos los sectores productivos.
Entre los puntos más cuestionados, se menciona que el proyecto considera infracciones muy graves el bloqueo o la toma de establecimientos que impidan el ingreso o egreso de personas o bienes, estableciendo que en esos casos los trabajadores no percibirán salarios. Asimismo, se dispone que las asambleas sindicales dentro de los lugares de trabajo deberán contar con autorización previa del empleador en cuanto a horario, duración y lugar, y que durante su realización tampoco se devengará salario.
En otro tramo del texto, los profesores refutan el argumento oficial de que la reforma generará más empleo registrado. Señalan que la actividad económica se encuentra en retroceso y recuerdan que desde diciembre de 2023 se perdieron más de 250 mil puestos de trabajo registrados, mientras creció el empleo precarizado a través del monotributo, con más de 126 mil nuevas altas.
Según advierten, en un contexto de caída de la actividad no existe incentivo real para contratar más personal, independientemente del grado de flexibilización laboral. Por el contrario, sostienen que la reforma facilitará despidos, abaratará el costo laboral de quienes continúen empleados y no promoverá la creación de nuevos puestos de trabajo.
Finalmente, el comunicado alerta que el proyecto implica una transferencia inadmisible de recursos de la Seguridad Social en beneficio de los empleadores. En ese marco, se cuestiona el sistema de cese laboral propuesto, que se financiaría con una contribución mensual del 3% del salario y que, a su vez, otorgaría una reducción de tres puntos porcentuales en las contribuciones patronales a las empresas que adhieran al esquema.
Página 12