El presidente del Consejo de Adultos Mayores, Oscar Furci, expresó su preocupación por la crítica situación que atraviesan clínicas, sanatorios y profesionales de la salud vinculados al PAMI en la región patagónica, a raíz de retrasos en los pagos y la falta de actualización de aranceles.
Según explicó, el conflicto se inició en La Pampa, se extendió a Río Negro y Chubut, y actualmente afecta a prestadores que comenzaron a suspender o limitar prestaciones desde el 10 de febrero. “Las clínicas están suspendiendo o restringiendo servicios por una deuda acumulada y por la falta de actualización de los aranceles. Esto también incluye a las farmacias”, señaló.
En ese contexto, Furci advirtió que el impacto de la crisis ya se siente con fuerza entre los afiliados y brindó detalles de la problemática en diálogo con LU17. Explicó que, en el caso del Prosate, el organismo nacional argumenta que la entidad realizó la facturación fuera de término, mientras que desde Prosate sostienen que el PAMI mantiene una deuda desde septiembre. “Hay una contradicción entre las versiones, porque si se trata de un mes facturado fuera de término, no se explica la falta de pago de los otros cuatro o cinco meses”, afirmó.
El dirigente indicó que en Puerto Madryn y Chubut la situación venía siendo relativamente estable, con algunas dificultades puntuales en la zona cordillerana, donde incluso se solicitó que el hospital de Esquel sea incorporado como boca de atención de PAMI, aunque no cumple con los requisitos exigidos por el organismo. Sin embargo, advirtió que el problema se agravó especialmente entre los especialistas, con falta de odontólogos y cardiólogos debido a los retrasos en los pagos. “Hoy los cardiólogos no atienden y, si un afiliado necesita un estudio urgente, debe abonarlo de su bolsillo y luego esperar hasta 180 días para reclamar el reintegro”, explicó.
En declaraciones a LU17, Furci remarcó que el conflicto excede a las delegaciones locales y responde a decisiones tomadas a nivel nacional. “PAMI es una organización verticalista, las decisiones se toman en Buenos Aires y los pagos los distribuye Nación”, sostuvo. En ese marco, consideró que el Ministerio de Salud provincial debería intervenir como gestor ante el Gobierno nacional para garantizar la normalización de los pagos.
Asimismo, cuestionó el silencio de los legisladores frente a la problemática y recordó antecedentes en los que la intervención política permitió resolver situaciones similares, como la restitución del servicio de ambulancias tras siete meses de reclamos. “La salud no se toma vacaciones, y menos la de los jubilados”, enfatizó.
Finalmente, Furci advirtió que los principales perjudicados por los recortes en el sistema son los adultos mayores. “Los jubilados están pagando una fiesta a la que no asistieron”, concluyó.