La dirigente de ATE Verónica Rosales, como así también otros integrantes del gremio, fueron denunciados penalmente por amenazar a trabajadores auxiliares de Educación, en el marco de las protestas que tuvieron lugar esta semana.
La noticia se conoció esta semana, mientras avanza la investigación por los destrozos provocados en edificios públicos.
La gremialista atravesó un auténtico derrotero durante la semana, luego de que fuera detenida durante los disturbios en las oficinas de la Delegación Administrativa del Ministerio de Educación en Comodoro Rivadavia, donde manifestantes destrozaron parte del ingreso del edificio, arrojando el saldo de cinco policías heridos y tres personas demoradas.
Según denunciaron los propios afiliados de ATE, los aprietes están dirigidos mayormente a quienes se oponen a ir a las movilizaciones. «A los que no estamos de acuerdo con el paro nos están escrachando dentro del gremio, nos amenazan», relató una auxiliar en diálogo con medios radiales.
Escraches públicos y amedrentamiento
La trabajadora citó el caso de una mujer «que salió de cumplir media jornada y se cruzó con un grupo de compañeras la amedrentaron arriba del colectivo, incluso nos dijeron que van a pasar ‘escuela por escuela’ y que a aquellas personas que estemos trabajando durante el paro, nos van a ‘castigar de alguna forma'».
«Somos muchas las personas que no estamos de acuerdo, pero no se nos respeta nuestro derecho a trabajar», lamentó la auxiliar.
Rosales «ha estado expuesta en varias situaciones, una de ellas a partir de una denuncia de una mamá» de un estudiante, señaló la trabajadora, advirtiendo que «hay cosas que al sindicato se le están yendo de las manos, incluso en el mismo gremio están amenazando a los monotributistas: nos anotan en una lista en la que tenemos que poner el número de documento y de teléfono, y si no acompañamos las protestas, no nos ayudan para ingresar a planta».
«Te vamos a cagar a palos»
Una de las denuncias radicadas en la Comisaría del barrio Mosconi, a la que este medio tuvo acceso, pertenece a una trabajadora que se desempeñaba en la mesa de entrada de la Delegación Administrativa de Educación, ubicada en las calles José Fuchs y Marcelino Reyes.
«A las 10:15 horas, estaba en mi lugar de trabajo y empezaron a llegar manifestantes de ATE al exterior del edificio, el cual estaba vallado; alrededor de las 11:30, los manifestantes comenzaron a intentar ingresar a la fuerza, y la policía que estaba de custodia intentó impedirlo, pero los manifestantes estaban pateando, pegando y comenzaron a romper vidrios», detalla el documento.
La mujer relató el violento episodio que culminó con su evacuación del edificio junto a dos compañeras de trabajo. Sin embargo, «al llegar a mi casa, a las 13:07 recibo una llamada desde un número que no tenía agendado, era una mujer que me dijo que no suba videos al grupo de trabajo de la Delegación, porque yo había subido algunos a las redes sociales; me dijo que me conocía y que me iba a ‘cagar a palos'», describió la denunciante.
Violencia y más presiones
Otra denuncia fue radicada por una profesora de Comodoro Rivadavia, quien advirtió que en el contexto de paros, protestas e intentos de tomas de edificios, «tuvimos que soportar maltratos por parte de algunos miembros del gremio ATE», remarcando que «no es justa la violencia que mostraron el 2 de junio ante el personal de la Delegación, también somos trabajadores y no nos merecemos seguir recibiendo este tipo de destrato».
«Consideramos que no nos representan y nos preocupa la imagen negativa que esto pueda tener en la comunidad educativa y la sociedad en general», expresó la trabajadora de la Delegación, que presenció en primera persona el violento episodio que terminó con destrozos en el edificio y cinco agentes policiales recibiendo atención médica por distintas lesiones.
Por último, la mujer advirtió que «tenemos conocimiento de que compañeros monotributistas se encuentran presionados a participar de medidas de fuerza para lograr su pase a planta».
En la mira de la Justicia
El mismo día en que ocurrieron los disturbios, el juez penal Alejandro Soñis emitió una comunicación procesal dirigida a la Unidad Regional local, en la que informó la medida de prohibición de acercamiento a la Delegación que pesa sobre los manifestantes detenidos por provocar destrozos en el edificio.
Se trata de Verónica Rosales, Marcelo Echeveste, Lorena Rosales, Evangelina Arbe y José Abelardo Barra, a quienes se les decretó la «exclusión del hogar y prohibición de acercamiento, en un radio no inferior a 200 metros y de cualquier tipo de contacto con la sede de Supervisión de Escuelas (Región VI), por el término de seis meses».
Mientras tanto, la investigación respecto de la responsabilidad penal y civil de los autores de los destrozos continúa, y en simultáneo avanzan las denuncias de los propios trabajadores de ATE contra afiliados y dirigentes por las amenazas y los aprietes que trascendieron esta semana.