La diputada nacional Marcela Pagano presentó una serie de denuncias ante la Justicia por presuntas irregularidades en la administración de fondos, compras y contrataciones vinculadas a la Quinta de Olivos.
Uno de los planteos apunta al presunto desvío de unas 29 toneladas de carne y embutidos adquiridas para abastecer la residencia presidencial. Según la denuncia, parte de esos productos habría terminado en el emprendimiento gastronómico Pancitos Caseros, que estaría vinculado a Analía Agudiez, responsable de la cocina de Olivos. La presentación también menciona sus vínculos familiares y personales con María Belén Agudiez y Osvaldo Javier Sosa, quien se desempeña como intendente operativo de la residencia.
Pagano también pidió investigar a uno de los supuestos proveedores de la Presidencia: se trataría de un jubilado residente en un barrio carenciado, sin vivienda ni patrimonio registrado, a cuyo nombre se habrían facturado más de $600 millones. La diputada planteó la hipótesis de que el hombre podría haber sido utilizado como prestanombre en contrataciones relacionadas con la Quinta de Olivos.
Otra de las denuncias se centra en una licitación cercana a los $700 millones destinada al mantenimiento de espacios verdes de la Quinta de Olivos y la Casa Rosada. El contrato fue adjudicado a las empresas La Mantovana y Grub, que, de acuerdo con la presentación judicial, estarían vinculadas a Franco Castelli. Pagano solicitó determinar, además, si Castelli tiene un vínculo familiar con María Belén Agudiez, quien por entonces se desempeñaba como subsecretaria de Planificación General.
En paralelo con estas denuncias, el Gobierno formalizó la renuncia de María Belén Agudiez a ese cargo, que dependía de la Secretaría General de la Presidencia, conducida por Karina Milei. La funcionaria tenía entre sus responsabilidades tareas relacionadas con la Quinta de Olivos. Desde el Gobierno no se estableció oficialmente una relación entre su salida y las presentaciones judiciales. A partir de la reestructuración, la administración de la residencia presidencial quedará bajo la órbita de la Casa Militar.
La causa quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo. En su presentación, Pagano solicitó investigar posibles delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado.
Las acusaciones deberán ser analizadas durante la investigación judicial, que determinará si existieron irregularidades y eventuales responsabilidades penales.