La Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, en una decisión que representa un duro revés para la administración de Javier Milei y que podría tener impacto sobre su objetivo de mantener el superávit fiscal.
La resolución también desarticula la estrategia política impulsada por el oficialismo, que confiaba en que el expediente permanecería sin tratamiento hasta la discusión del Presupuesto nacional. Según trascendió, tanto el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, como el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, habían transmitido al Presidente que, debido a la relación con el titular de la Corte, Horacio Rosatti, el fallo no avanzaría.
Con ese escenario, el Gobierno firmó a comienzos de junio un acuerdo que contempló un incremento salarial del 24% para los trabajadores universitarios. La intención era desactivar el conflicto gremial y convencer a los rectores de retirar la demanda presentada ante el máximo tribunal.
Sin embargo, las autoridades universitarias aceptaron el acuerdo salarial, pero decidieron mantener el reclamo judicial, una decisión que finalmente terminó favoreciéndolas.
La resolución de la Corte dejó en una posición incómoda a Menem y Mahiques y representa un golpe para el programa económico impulsado por Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. Además, rompe con la percepción de que el máximo tribunal evitaba emitir fallos con impacto directo sobre la política económica del Gobierno.
El fallo también se conoce pocos días después de que el Ministerio de Justicia impulsara en el Senado el pliego para designar como juez federal a Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, quien fue el primero de los nuevos magistrados en asumir. En ese contexto, la decisión judicial fue interpretada como una señal de independencia del tribunal.
Cambios de postura
Otro aspecto que llamó la atención fue la posición del juez Ricardo Lorenzetti. Días antes de la publicación del fallo había manifestado que la Corte no avanzaría con el expediente debido al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los gremios universitarios, dando a entender que el conflicto había perdido vigencia.
Sin embargo, este jueves terminó firmando la resolución que favoreció a las universidades.
En paralelo, trascendió que Lorenzetti había mantenido una reunión reservada con Milei para plantearle la necesidad de completar las dos vacantes existentes en la Corte Suprema con los camaristas Mariano Borinsky y Karina Perilli. La falta de avances en esa propuesta habría generado malestar en el magistrado.
Algunas interpretaciones también sostienen que las declaraciones públicas de Lorenzetti, anticipando que el fallo no sería tratado, pudieron haber influido para que Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz decidieran finalmente incluir el expediente en la agenda del tribunal, marcando autonomía respecto de su colega.
La decisión de la Corte
Para convalidar el reclamo universitario, la Corte no resolvió el fondo de la cuestión, sino que rechazó la presentación del Estado nacional y dejó vigente la medida cautelar dictada por instancias inferiores.
De esta manera, el máximo tribunal mantiene la obligación del Gobierno de aplicar la Ley de Financiamiento Universitario mientras continúa la discusión judicial.
La resolución también permite a Rosatti despegarse de las críticas que señalaban una supuesta cercanía con el Gobierno por la designación de su hijo como juez federal.
Cabe recordar que, durante la gestión de Mauricio Macri, Rosatti votó en contra del Gobierno en el caso del aumento de tarifas por la falta de audiencias públicas y, posteriormente, también acompañó fallos relevantes contra dirigentes del peronismo, entre ellos la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner.
En ese marco, el pronunciamiento fortalece la imagen de independencia del presidente de la Corte y marca uno de los primeros fallos con impacto económico directo en contra de la administración de Javier Milei.
Impacto económico
La decisión judicial implica que el incremento salarial para las universidades se ajuste a los parámetros previstos por la Ley de Financiamiento Universitario, elevando el porcentaje del 24% acordado por el Gobierno al 37% contemplado por la norma aprobada por el Congreso.
La ley fue ratificada en reiteradas oportunidades por ambas cámaras para sostenerla frente a los vetos presidenciales, convirtiéndose en una de las normas con mayor respaldo parlamentario de los últimos años. Con este fallo, además, suma el aval de la Corte Suprema, lo que fortalece la posición de las universidades en el conflicto con el Gobierno nacional.
Fuente:LPO