El rumbo económico del gobierno de Javier Milei dejó a los jubilados en el centro del ajuste. Desde su llegada a la Casa Rosada, el poder adquisitivo de los haberes previsionales se desplomó de manera sostenida, al punto de que hoy apenas tres de cada diez personas mayores cuentan con ingresos suficientes para afrontar el costo de vida. La jubilación promedio perdió cerca de un cuarto de su valor real y la mínima ya no alcanza ni para cubrir lo indispensable.
Lejos de ser un daño colateral, el deterioro previsional aparece como una decisión estructural. El Presupuesto 2026 consolida este camino: el recorte a jubilaciones se mantiene como una de las principales fuentes del “ahorro” fiscal, mientras los bonos continúan congelados y la actualización atada a una inflación que no repara lo perdido. El resultado es una transferencia silenciosa pero brutal desde los ingresos de quienes trabajaron toda su vida hacia el equilibrio de las cuentas públicas.
Con alimentos, medicamentos y servicios desregulados y en alza, la vejez en la Argentina atraviesa una etapa de empobrecimiento acelerado. El ajuste no sólo reduce números en una planilla: redefine la vida cotidiana de millones de jubilados, empujándolos a la pobreza, al endeudamiento y a una incertidumbre permanente. En nombre del orden fiscal, el gobierno eligió que el costo lo paguen, una vez más, los que menos margen tienen para resistir.