La estabilización de las cuentas públicas que el Gobierno de Javier Milei presenta como uno de sus principales logros tiene un costo que se vuelve cada vez más difícil de ocultar: los ingresos de una parte importante de los trabajadores no alcanzan para sostener el mes.

Un relevamiento de la consultora Zentrix muestra una realidad preocupante: el 61% de los encuestados asegura que agota sus ingresos destinados a gastos corrientes antes o, como máximo, al llegar al día 20. Otro 24,3% consigue llegar a fin de mes, pero sin posibilidad de ahorrar. Apenas el 13% afirma poder cubrir sus obligaciones y conservar un excedente.

El dato más contundente es que el 86,1% considera que sus salarios evolucionan por debajo de los precios. Es decir, aunque los ingresos puedan aumentar nominalmente, para buena parte de los trabajadores el dinero compra cada vez menos.

Una recuperación que no llega al bolsillo

La discusión sobre la inflación suele reducirse a la velocidad con la que aumentan los precios, pero el problema central para los hogares es otro: cuánto pueden comprar con sus salarios.

En mayo, el IPC registró un incremento del 2,1%, mientras que los salarios del sector privado registrado aumentaron 2%, los salarios públicos nacionales 1,9% y los provinciales apenas 1,4%. Las diferencias mensuales pueden parecer pequeñas, pero acumuladas durante meses terminan produciendo una pérdida significativa del poder adquisitivo.

En términos interanuales, el salario privado registrado habría retrocedido 2,9% en términos reales. La caída alcanza el 3,2% entre los trabajadores provinciales y el 7,3% entre los empleados públicos nacionales.

La comparación con noviembre de 2023 resulta todavía más contundente: el deterioro real llega al 36,5% para los empleados públicos nacionales, al 9,8% para los estatales provinciales y al 3,6% para los trabajadores privados formales.

Así, el programa económico puede exhibir determinadas variables macroeconómicas favorables, pero la estabilidad no necesariamente significa bienestar cuando los ingresos de los hogares siguen perdiendo capacidad de compra.

El segundo empleo como respuesta al ajuste

Cuando un salario deja de alcanzar, las familias tienen pocas alternativas: reducir el consumo, endeudarse, utilizar ahorros o aumentar las horas de trabajo.

En este contexto, el crecimiento de quienes buscan un segundo empleo constituye una señal particularmente relevante. No se trata de una expansión saludable de las oportunidades laborales cuando la motivación es complementar un ingreso que ya no permite cubrir las necesidades básicas. Es, más bien, un mecanismo defensivo frente a la pérdida de poder adquisitivo.

El problema también se refleja en el consumo interno. Si millones de trabajadores destinan prácticamente todo su ingreso a cubrir gastos esenciales antes de terminar el mes, queda poco margen para comprar bienes durables, sostener actividades recreativas o generar ahorro. El deterioro salarial termina trasladándose así al conjunto de la economía.

El Estado también paga el costo del ajuste

La pérdida de ingresos se combina con una fuerte reducción de la estructura del Estado. Según los datos citados del CEPA, entre diciembre de 2023 y junio de 2026 se eliminaron 71.661 puestos en la administración pública nacional, una contracción del 21%.

El recorte del empleo público forma parte de la estrategia de reducción del gasto impulsada por Milei. Sin embargo, detrás de cada número hay trabajadores y hogares que pierden ingresos, estabilidad y capacidad de consumo.

Un análisis del IARAF, elaborado por Nadin Argañaraz a partir de datos del INDEC, dimensiona el deterioro acumulado de una manera particularmente gráfica: desde 2017 hasta comienzos de 2026, los trabajadores privados formales habrían resignado un poder de compra equivalente a 16,2 salarios mensuales. En el sector público, la pérdida alcanzaría el equivalente a 21,8 sueldos durante 98 meses.

El desafío que deja el modelo Milei

El Gobierno puede sostener que el orden fiscal y la reducción de la inflación son condiciones necesarias para reconstruir la economía. Pero la pregunta política y social es quién soporta el costo de esa reconstrucción y durante cuánto tiempo.

Una economía no puede evaluarse únicamente por sus cuentas fiscales o por determinadas variables financieras. También debe medirse por la capacidad de sus trabajadores para pagar el alquiler, alimentarse, trasladarse, acceder a bienes y servicios y llegar a fin de mes sin recurrir permanentemente a deuda o a un segundo empleo.

Si seis de cada diez argentinos llegan al día 20 con sus ingresos prácticamente agotados, el problema deja de ser una estadística aislada. Se convierte en una señal concreta de que el ajuste está recayendo sobre el poder de compra de los hogares.

La promesa de una economía ordenada pierde fuerza cuando el costo de ese orden se traduce, mes tras mes, en salarios que alcanzan para cada vez menos.

Fuente: El Destape