Un informe del Instituto Pensar Igualdad volvió a encender las alarmas sobre la distancia entre los indicadores macroeconómicos y la vida cotidiana. Según el estudio, la desaceleración de la inflación y la baja en los índices oficiales de pobreza no logran reflejar la gravedad del malestar que atraviesa a buena parte de la sociedad.

El análisis toma como punto de partida el reporte que el Indec difundió el 11 de noviembre, basado en la Encuesta Permanente de Hogares y centrado en las estrategias de supervivencia de la población. Aunque el organismo estadístico presenta un panorama suavizado de las economías domésticas, Pensar Igualdad ofrece una lectura más directa: la crisis continúa instalada en la mesa familiar, en el bolsillo y en la organización diaria de los hogares.

Los datos permiten observar esa brecha. El informe detalla que el 17% de los hogares redujo el tamaño de las porciones de comida entre los adultos y el 11% hizo lo mismo con niñas y niños. Entre quienes dependen de ingresos informales, la situación es mucho más crítica: el 42% recortó comida para adultos y el 32% para menores, mostrando una emergencia silenciosa.

Otro punto central del documento es el avance del endeudamiento como mecanismo de subsistencia. Más de la mitad de las familias se ve obligada a financiar compras básicas con crédito o fiado, y en los hogares asalariados de clase media esa proporción alcanza a siete de cada diez. Para muchas familias, la tarjeta dejó de ser un medio de pago y pasó a funcionar como un salario adelantado frente a ingresos que no acompañan la suba del costo de vida.

La toma de deuda se extendió a todos los niveles. El 13% de los hogares obtuvo préstamos bancarios este año y otro 15% recurrió a parientes o amigos para cubrir gastos cotidianos. En los sectores más vulnerables, esos porcentajes se duplican. Cuatro de cada diez familias tuvieron que utilizar sus ahorros para afrontar consumos corrientes y un 9% vendió pertenencias, una situación que golpea con mayor fuerza a las jefas de hogar. El “colchón” económico de buena parte de la clase media quedó prácticamente agotado.

El informe suma además el impacto del ajuste fiscal. De acuerdo con cifras del Iaraf, el 26% del recorte del gasto nacional se explica por la fuerte pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones, que retrocedieron entre 14% y 16% solo durante 2024. Las universidades arrastran una caída del 24% en su presupuesto y los subsidios a energía y transporte se redujeron un 33%. A esto se suma que miles de personas mayores deben costear medicamentos que antes estaban cubiertos, profundizando las dificultades para sostener su bienestar.

Para Pensar Igualdad, esta distribución del ajuste evidencia su carácter regresivo y su impacto directo sobre quienes dependen de servicios públicos para su vida diaria.

El documento advierte sobre un creciente desfasaje entre los logros macroeconómicos que exhibe el Gobierno y la realidad material de la ciudadanía. La deuda —asegura— pasó a moldear, restringir y ordenar la vida cotidiana, muy lejos de las nociones de libertad promovidas por la administración nacional.

El diagnóstico es contundente: la estabilización económica no garantiza por sí misma una mejora en las condiciones de vida. Para un sector significativo de la población, la crisis sigue “apretando” dentro de los hogares y “ahorcando” en la calle, donde cada vez más personas buscan cómo sobrevivir en un contexto de ingresos deteriorados, servicios recortados y endeudamiento constante.

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