La Patagonia arde y el gobierno de Javier Milei responde con recortes. Mientras miles de hectáreas de bosques nativos se consumen, casas se pierden y brigadistas combaten el fuego en condiciones precarias, el Presupuesto 2026 consagra un brutal desfinanciamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego: un recorte real cercano al 78% respecto del año pasado.
No se trata solo de menos fondos a futuro. En 2024 y 2025, el Gobierno ya había subejecutado partidas clave, dejando millones sin usar aun cuando los incendios se multiplicaban. Menos recursos, menos horas de vuelo, menos prevención y menos apoyo para quienes arriesgan la vida en el terreno. La ecuación es simple y cruel: el ajuste se traduce en más destrucción.
Como si fuera poco, la Casa Rosada avanza con la intención de derogar la Ley de Manejo del Fuego, una norma pensada para evitar que los incendios se conviertan en oportunidades de negocios inmobiliarios o productivos. El mensaje es claro: se recorta la respuesta al desastre y, al mismo tiempo, se flexibilizan las reglas que protegían la tierra quemada.
El fuego no espera y la crisis climática no se negocia. Persistir en el desmantelamiento de las políticas ambientales no es una casualidad ni un error técnico: es una decisión política. Y en la Patagonia, esa decisión hoy se paga con bosques arrasados, comunidades devastadas y un Estado nacional cada vez más ausente.