Mientras el Gobierno de Javier Milei predica ajuste, transparencia y “mercado libre” como dogmas sagrados, la realidad vuelve a desnudar una práctica vieja y conocida en la Argentina: decisiones estratégicas tomadas a espaldas de la sociedad, con secretismo, excusas técnicas y un preocupante desprecio por el derecho ciudadano a saber qué se hace con los recursos del país. Esta vez, el foco está puesto en el oro del Banco Central.
La Justicia fue clara y contundente: el Banco Central debe informar qué ocurrió con los lingotes que salieron del país en 2024 rumbo al exterior. No se trata de una curiosidad menor ni de una cuestión técnica reservada a especialistas financieros. Estamos hablando de reservas nacionales, de patrimonio público, de uno de los últimos respaldos materiales que le quedan a un país endeudado hasta el cuello.
Durante meses, el Gobierno intentó esconder la operación bajo el paraguas del “secreto financiero”. Camiones blindados, traslados discretos y versiones cruzadas sobre bóvedas en Londres o bancos internacionales alimentaron un clima de sospecha que el oficialismo nunca se molestó en disipar. Al contrario: eligió el silencio, la evasiva y la soberbia.
La Asociación Bancaria tuvo que recurrir a la Justicia para exigir lo obvio: información pública sobre decisiones públicas. El primer fallo fue funcional al ocultamiento, pero la Cámara Contencioso Administrativa Federal corrigió el rumbo y puso las cosas en su lugar. La administración de las reservas no es un asunto privado del Presidente, del ministro de Economía ni de las autoridades del BCRA. Es un tema de interés colectivo, ligado a la soberanía económica y a la credibilidad institucional.
El argumento oficial para justificar la maniobra resulta, como mínimo, insultante. Según el ministro Luis Caputo, el oro “no sirve” si está en el Banco Central y es mejor “ponerlo a trabajar” afuera. Traducido al lenguaje llano: usar las joyas de la abuela para conseguir dólares frescos, aun cuando eso implique hipotecar el futuro. El propio Martín Guzmán lo explicó sin eufemismos: un repo es, en esencia, un empeño. Si no se paga, el oro se pierde.
Entonces, la pregunta es inevitable: ¿qué garantías existen de que esa operación no termine en un nuevo vaciamiento? ¿Quién controla los riesgos? ¿Qué condiciones se pactaron? ¿Qué bancos se beneficiaron? El Gobierno exige sacrificios a la sociedad, pero se resiste a rendir cuentas cuando se trata de decisiones que pueden comprometer el patrimonio nacional.
La Justicia también fue categórica al señalar que el Banco Central jamás demostró de qué manera informar sobre el destino del oro pondría en peligro al sistema financiero. Hubo frases vagas, advertencias abstractas y ninguna prueba concreta. Eso no es prudencia técnica: es opacidad deliberada.
En paralelo, Milei promete pagos millonarios de deuda externa y se jacta de supuestas líneas de financiamiento disponibles. La coincidencia temporal no pasa desapercibida: oro que sale, dólares que entran, compromisos que se pagan. Todo envuelto en un discurso de eficiencia libertaria que, en los hechos, se parece demasiado a las viejas recetas de endeudamiento y entrega.
La pregunta de fondo no es solo dónde está el oro, sino por qué el Gobierno sintió la necesidad de ocultar la operación. Cuando un Ejecutivo gobierna sin explicar, cuando confunde secreto con impunidad y mercado con saqueo, la corrupción deja de ser una sospecha para convertirse en un método.
La Justicia abrió una puerta. Ahora le toca al Gobierno explicar, con nombres, cifras y destinos, qué hicieron con el oro de todos. Porque cuando las reservas desaparecen en silencio, lo que está en juego no es solo el balance del Banco Central, sino la dignidad de un país entero.
Fuente/Página12