Mientras el presidente Javier Milei insiste en vender como éxito una supuesta “estabilización” económica, la realidad que atraviesa la mayoría de los argentinos es bien distinta. Lejos del relato oficial que celebra una baja en los índices de inflación, en los barrios, en los comercios y en la vida cotidiana, el ajuste salvaje del Gobierno nacional se traduce en desempleo, caída del consumo, destrucción del tejido productivo y un Estado que se retira de sus funciones esenciales.

El panorama es desolador para la clase media, los trabajadores, la industria nacional, el turismo y el comercio. Cada uno de estos sectores —sustento de la economía de millones de familias— atraviesa una crisis que parece no tener fondo. El poder adquisitivo se pulverizó, los salarios llevan tres meses consecutivos por debajo de la inflación y las paritarias, lejos de recomponer ingresos, se firman a la baja, en cuotas miserables, que ni siquiera alcanzan para sostener lo básico. En este contexto, los jubilados siguen siendo los grandes olvidados: con haberes mínimos que no cubren la canasta básica, siguen siendo empujados a la marginalidad y al abandono estatal.

La recesión es palpable: fábricas que cierran, empresas familiares que se funden, hoteles vacíos en plena temporada y pymes asfixiadas por tarifazos impagables. Las consecuencias del ajuste no son estadísticas: tienen nombres, rostros y dramas personales. No hay “motosierra” que no sangre.

A esto se suma un escándalo internacional que compromete seriamente la imagen institucional del país: Milei se encuentra denunciado en el exterior por su participación en la causa LIBRA, una presunta estafa financiera vinculada a la promoción de inversiones fraudulentas en criptomonedas. Esta denuncia internacional, que muchos medios intentan invisibilizar, expone a un presidente con antecedentes de maniobras especulativas que perjudicaron a pequeños ahorristas y dejan a la Argentina al borde del ridículo en el escenario global.

Pese a esta mancha, Milei sigue rodeado de socios políticos como Mauricio Macri, ex presidente de la Nación, aún sin condena pero implicado en numerosas causas por corrupción. Que estos actores continúen impunes no es casualidad: es consecuencia directa de una Justicia que convive cómodamente con los sectores del poder económico, y que ha elegido ser garante de la impunidad de los poderosos, transformándose en cobertura legal para los delincuentes de guante blanco.

Frente a todo esto, una pregunta resuena con fuerza y angustia: ¿Dónde están los representantes del pueblo? ¿Dónde están los dirigentes sindicales, los movimientos sociales, los senadores, los diputados, la CGT, las organizaciones que en otras épocas salían a las calles a defender derechos hoy pisoteados? La parálisis, el silencio y la tibieza se convierten en complicidad frente a un gobierno que avanza sin freno, destruyendo derechos, instituciones y el tejido social.

El Gobierno nacional, lejos de representar a los argentinos de a pie, parece tener claro su único objetivo: garantizar la rentabilidad de los grandes grupos económicos, del sistema financiero y de los sectores concentrados que históricamente han sido los verdaderos ganadores en las crisis. Para ellos, sí hay beneficios, apertura indiscriminada de importaciones, desregulaciones a medida y una política económica que prioriza el mercado por encima del bienestar social.

Bajo el discurso de la “libertad”, Milei impone una lógica de exclusión. Los que no pueden pagar, quedan fuera. De la salud, de la educación, de la energía, de los alimentos. En nombre del equilibrio fiscal, se destruyen las bases mismas de una Nación que alguna vez soñó con ser inclusiva, productiva y soberana.

Este no es solo un ajuste: es un proyecto ideológico que desprecia a la Argentina. Una Argentina que trabaja, que produce, que emprende, que educa, que cuida. Una Argentina que hoy siente que la están dejando atrás.

En definitiva, mientras se achica el Estado, se achica la esperanza. La crisis ya no es solo económica: es institucional, social, y profundamente moral. Porque un país no puede construirse sobre el dolor de las mayorías, ni gobernarse solo para el aplauso de los privilegiados y la impunidad de quienes deberían estar rindiendo cuentas. Y porque los que callan hoy, también serán responsables mañana.

Digital Chubut

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