Una vez más, el gobierno de Javier Milei elige a quién premiar y a quién castigar. En los últimos días, se anunciaron beneficios para algunos sectores concentrados de la economía: baja de retenciones para exportadores, ventajas fiscales para grandes empresas y gestos claros hacia los mismos grupos que históricamente se han beneficiado, sin importar qué gobierno esté en el poder. Pero mientras tanto, los jubilados —sí, los mismos que construyeron este país, que trabajaron décadas aportando al sistema— siguen siendo ignorados y despreciados.
La decisión de vetar una ley que garantizaba una mejora real en sus haberes, aprobada democráticamente por el Congreso, no sólo es una afrenta institucional, sino una muestra brutal de cuáles son las prioridades del Gobierno. Porque gobernar no es simplemente recortar y ajustar. Gobernar es decidir a quién se protege primero. Y este gobierno ha elegido darle la espalda a los más vulnerables.
Está bien discutir las retenciones. De hecho, en un país normal no deberían existir. Pero esa no puede ser la prioridad mientras millones de jubilados sobreviven con ingresos miserables, condenados a una vejez indigna. Hoy, la urgencia se llama hambre, medicamentos inalcanzables, alquileres impagables y una salud pública abandonada.
La situación es crítica y lo sabe todo aquel que camina un hospital público, donde faltan insumos, profesionales, y hasta guardias médicas. El ajuste también se siente ahí, en la falta de respuesta estatal donde más se la necesita. Y la clase media, esa que se ilusionó con promesas de libertad económica, hoy paga las consecuencias: tarifazos, inflación persistente y pérdida de derechos.
Como si fuera poco, el otro brazo de este plan es la represión. La ministra Bullrich actúa con mano dura, pero sólo contra quienes reclaman. La protesta social es criminalizada mientras se aplauden los privilegios para los de arriba. ¿Qué tipo de libertad es esa?
Presidente Milei: no alcanza con mostrar déficit cero cuando se lo logra pisoteando al eslabón más débil del sistema. Los jubilados no pueden esperar. Y mucho menos pueden ser víctimas del castigo económico y del desprecio político.
Porque si gobernar es elegir prioridades, hoy queda claro: su prioridad no es la gente.