El Gobierno vuelve a presentar una nueva receta económica. Esta vez, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un programa de $2 billones con recursos del FGS de ANSES para impulsar el crédito hipotecario. La iniciativa busca que los bancos otorguen préstamos de largo plazo para comprar, construir o refaccionar viviendas y estima alcanzar a unas 17.000 o 18.000 familias.

El acceso a la vivienda es una necesidad evidente. Pero la pregunta central es otra: ¿crecimiento para quién?

La economía argentina creció 2,7% interanual en junio y 1,9% durante el primer semestre de 2026. Sin embargo, minería y agricultura explicaron cerca del 75% de esa expansión, mientras la industria cayó 1,9% y el comercio retrocedió 1,2%.

El problema, entonces, no es negar el crecimiento, sino preguntarse qué tipo de crecimiento es y cuánto llega a los trabajadores. Una economía no se reduce a los sectores exportadores: también necesita fábricas, comercios, pequeñas empresas, empleo estable, mejores salarios y capacidad de ahorro.

El programa hipotecario expone además una contradicción del modelo. El Gobierno sostiene que el Estado debe intervenir lo menos posible, pero cuando el crédito no aparece, utiliza recursos públicos para financiar a los bancos y extender los plazos de los préstamos.

La cuestión más importante, sin embargo, es quién podrá acceder. El propio Gobierno calcula que una vivienda de unos US$106.667, financiada al 75% durante 25 años, tendría una cuota inicial cercana a $865.000. Para que represente el 25% de los ingresos, una familia debería demostrar ingresos netos de aproximadamente $3,46 millones mensuales.

¿Son esos ingresos habituales entre los trabajadores argentinos? ¿Cuántas familias pueden asumir una deuda durante 20 o 25 años, además con ajuste por UVA?

El crédito puede ser una herramienta para acceder a la vivienda, pero no reemplaza la recuperación del poder adquisitivo. De poco sirve ampliar la oferta de préstamos si una parte importante de la población no alcanza los ingresos necesarios para obtenerlos.

Mientras tanto, los hogares siguen enfrentando dificultades para consumir. En junio, los salarios crecieron 35,7% interanual, pero las ventas minoristas a precios constantes cayeron 3,1%. Una mejora nominal de los salarios, por lo tanto, no necesariamente implica una recuperación equivalente de la capacidad de compra.

Argentina necesita crédito, inversión, estabilidad y crecimiento. Pero también necesita que ese crecimiento mejore la vida de quienes trabajan.

Porque una economía puede crecer sin que todos crezcan con ella. Pueden aumentar el PBI y las exportaciones mientras una familia continúa haciendo cuentas para llegar a fin de mes.

Por eso, la discusión no debería limitarse a la inflación, el déficit o el crecimiento del PBI. La verdadera medida de una política económica está también en el supermercado, la fábrica, el comercio, el recibo de sueldo y la posibilidad de proyectar una vivienda propia.

El programa de $2 billones puede contribuir a reactivar el crédito hipotecario, pero no alcanza para resolver el problema habitacional ni demuestra por sí mismo que la recuperación haya llegado a la mayoría.

La discusión, en definitiva, no es si la economía crece. Es quién se beneficia con ese crecimiento y quién continúa pagando el costo del ajuste.