La Justicia embargó las cuentas de Flybondi por una deuda fiscal que, con intereses, supera los $1.440 millones. La empresa, conducida por Leonardo Scaturicce, también adeuda salarios e indemnizaciones y atraviesa restricciones para operar en Brasil. Los trabajadores se movilizan este viernes frente a Aeroparque.
Con el paso del tiempo, el eslogan de Flybondi —“la libertad de volar”— parece haber adquirido un significado muy distinto para sus pasajeros y trabajadores: vender pasajes, cancelar vuelos y demorar devoluciones. La aerolínea atraviesa una crisis que combina interrupciones operativas, deudas fiscales, conflictos laborales y restricciones regulatorias, mientras las autoridades argentinas son cuestionadas por su respuesta frente a los reiterados incumplimientos.
La Justicia federal ordenó embargar las cuentas bancarias de la compañía por una deuda con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que, con intereses, asciende a $1.444.940.163,41. La medida fue dispuesta por los juzgados federales en Ejecuciones Fiscales Tributarias N° 1, 2 y 3, a partir de reclamos del organismo recaudador.
El embargo tiene carácter cautelar y busca garantizar el cobro de los impuestos adeudados. Los tribunales aclararon que la medida, por sí misma, no implica la suspensión de las operaciones de la aerolínea.
La mayor parte de la deuda corresponde a retenciones de Ganancias, por $915.238.669,21. A esa cifra se suman $207.932.266,08 correspondientes a retenciones de IVA y $133.298.772,02 por Bienes Personales. El capital adeudado alcanza así los $1.256.469.707,31, al que se agregan intereses.
Pero el frente fiscal no es el único problema. La empresa también acumula compromisos pendientes con proveedores y registra deudas vinculadas con impuestos provinciales. Desde el jueves 6 de agosto, además, la falta de pago de aportes habría dejado sin cobertura médica tanto a trabajadores activos como a empleados desvinculados.
Una aerolínea cada vez más restringida
La crisis operativa también tuvo consecuencias fuera de la Argentina. En Brasil, la Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) restringió en julio la venta de nuevos pasajes de Flybondi hacia algunos destinos y estableció un plazo para que la compañía corrigiera sus problemas operativos.
La empresa no logró cumplir con las condiciones exigidas. Desde el 11 de agosto, Flybondi tampoco puede operar hacia Río de Janeiro, el último destino que conservaba en territorio brasileño.
La situación contrasta con la actuación de la autoridad aeronáutica argentina. Mientras el regulador brasileño avanzó frente a los incumplimientos de la compañía, en la Argentina la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) es cuestionada por mantener una actitud mucho más permisiva.
Según el sitio especializado Failbondi.fail, el último vuelo de Flybondi habría despegado el 5 de agosto. Un día antes, un servicio previsto entre Santiago del Estero y Buenos Aires demoró casi nueve horas en partir. De los 11 vuelos programados por la compañía ese día, solo dos habrían sido realizados.
Los datos sobre cancelaciones alimentaron las críticas de distintos sectores políticos. El diputado Esteban Paulón sostuvo que la relación de Scaturicce con el Gobierno de Javier Milei podría explicar la falta de medidas más severas por parte del organismo regulador.
“Es un empresario ex agente de inteligencia, actual lobbista, o hasta hace algunos meses lobbista para el gobierno de Argentina en Estados Unidos ante distintos organismos”, afirmó Paulón. Según el legislador, ese vínculo le otorgaría “una cobertura de impunidad muy importante” frente a los incumplimientos de la aerolínea.
El vínculo con Scaturicce
Leonardo Scaturicce tomó el control de Flybondi en junio de 2025. Un mes después, el empresario quedó en el centro de la escena por un episodio relacionado con el arribo al país de un avión de su propiedad procedente de Miami, que no habría sido sometido a una revisión aduanera convencional.
Tras aquel episodio también trascendió la actividad de OCP, una de las empresas vinculadas al empresario, que obtuvo contratos del Ministerio de Economía por más de mil millones de pesos. Entre esos acuerdos se incluyeron servicios relacionados con la protección de los correos electrónicos del organismo y la provisión de un clúster de servidores.
Scaturicce también quedó asociado a los vínculos entre el Gobierno de Milei y la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), de orientación cercana al trumpismo.
Para Paulón, el funcionamiento de Flybondi bajo la actual conducción requiere una investigación más profunda. El diputado llegó a comparar el esquema comercial de la empresa con una “estafa piramidal”, aunque se trata de una caracterización política y no de una conclusión judicial.
“Hay un mecanismo en el cual la empresa recauda dinero en grandes cantidades vendiendo vuelos que después no realiza”, sostuvo el legislador. Según su planteo, las cancelaciones aumentaron progresivamente y, cuando correspondía devolver el dinero a los pasajeros, los reintegros podían demorarse durante meses.
Paulón interpretó ese mecanismo como una suerte de financiamiento forzoso por parte de los pasajeros. En enero presentó un pedido de informes en la Cámara de Diputados para que se investigara el funcionamiento de la compañía.
El legislador considera que las comisiones de Transporte y de Defensa de la Competencia deberían avanzar con un dictamen y evaluar medidas que podrían llegar hasta la suspensión de la licencia de la aerolínea.
Los trabajadores, otro frente abierto
La crisis también golpea a la plantilla de Flybondi. A comienzos de año, la empresa contaba con alrededor de mil empleados. Actualmente quedarían unos 300 trabajadores activos, mientras más de 700 fueron desvinculados desde marzo.
Los trabajadores denuncian que parte del personal todavía no cobró los salarios correspondientes a junio y julio ni el medio aguinaldo.
El conflicto se inició formalmente en marzo, cuando la empresa comenzó un proceso de reducción de personal y argumentó atravesar “problemas financieros graves”. A algunos empleados se les ofreció un programa de retiro voluntario, con pagos distribuidos en tres cuotas.
Franco, un ex tripulante de cabina que dialogó con Radio 750 y pidió preservar su apellido por razones de seguridad, aseguró que algunos trabajadores llegaron a cobrar la primera cuota y, en determinados casos, la segunda, pero que luego la empresa comenzó a incumplir los pagos.
“Yo cumplía la función de tripulante de cabina. A mí lo que me corresponde, como a tantos otros compañeros, es la indemnización por despido sin causa”, explicó.
Según su testimonio, los trabajadores que comenzaron a reclamar por los incumplimientos fueron identificados por la compañía y algunos terminaron entre los primeros despedidos.
Ahora, empleados activos y desvinculados volverán a movilizarse. La concentración está prevista para este viernes 14 de agosto, desde las 11, frente al Monumento a Cristóbal Colón, en las inmediaciones de Aeroparque.
El reclamo reúne así los distintos rostros de la crisis de Flybondi: pasajeros que denuncian cancelaciones y demoras en los reintegros, trabajadores que reclaman salarios e indemnizaciones y organismos públicos que buscan cobrar deudas millonarias.
Mientras la Justicia avanza con los embargos y Brasil restringe las operaciones de la compañía, queda abierto el interrogante sobre cuál será la respuesta de los organismos argentinos encargados de controlar a la aerolínea.
Fuente:Página 12