El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja ordenó al PAMI y al Ministerio de Salud de la Nación que normalicen de manera urgente, en un plazo máximo de 72 horas, el pago de prestaciones destinadas a personas con discapacidad, en medio de una creciente preocupación por las demoras en la cobertura y la interrupción de servicios esenciales.

La resolución judicial alcanza a titulares de pensiones no contributivas y beneficiarios del Certificado Único de Discapacidad (CUD), quienes en las últimas semanas denunciaron dificultades para acceder a tratamientos médicos, medicamentos, terapias y distintas prestaciones vinculadas a la salud y la asistencia integral.

En el fallo, el magistrado advirtió sobre el “riesgo inminente” que atraviesan miles de personas debido a las demoras crónicas en los pagos y a la falta de respuestas por parte de los organismos responsables. Según se desprende de la resolución, la situación afecta directamente la continuidad de tratamientos indispensables y pone en peligro la calidad de vida de pacientes con distintos grados de discapacidad.

La medida judicial obliga tanto al PAMI como al Ministerio de Salud a adoptar acciones inmediatas para regularizar el sistema de pagos y garantizar la cobertura de prestaciones básicas. Entre los puntos cuestionados se encuentran los retrasos en transferencias a prestadores, problemas en autorizaciones y dificultades para la entrega de medicamentos.

El juez Vaca Narvaja sostuvo que el acceso a la salud y a las prestaciones vinculadas a la discapacidad constituye un derecho fundamental protegido por la Constitución Nacional y por tratados internacionales suscriptos por la Argentina, por lo que el Estado tiene la obligación de asegurar su cumplimiento efectivo.

El fallo se da en un contexto de fuerte tensión entre organizaciones vinculadas a la discapacidad, prestadores y el Gobierno nacional, debido a reclamos por recortes, atrasos administrativos y falta de financiamiento. En distintos puntos del país se realizaron manifestaciones y pedidos formales para exigir respuestas ante la crítica situación que atraviesa el sector.

Además, entidades que representan a personas con discapacidad advirtieron que muchas instituciones y centros terapéuticos se encuentran al límite de su funcionamiento por la falta de pagos, lo que podría derivar en la suspensión de servicios esenciales si no se regulariza la situación de manera inmediata.

Con esta resolución, la Justicia busca garantizar la continuidad de las prestaciones y evitar que miles de beneficiarios queden sin acceso a tratamientos médicos, asistencia terapéutica y medicamentos indispensables para su atención diaria.