El Gobierno volvió a quedar expuesto. Mientras el INDEC informó una inflación de 2,9% en enero con una canasta basada en patrones de consumo de 2004, el IPC de la Ciudad de Buenos Aires —calculado con ponderadores actualizados de 2017/2018— marcó 3,1%. La diferencia revela una decisión política: medir con una metodología vieja para mostrar un número más bajo.
La actualización del índice estaba lista, anunciada oficialmente e incluso contemplada en compromisos con el FMI. Sin embargo, la Casa Rosada decidió postergarla. Si el nuevo cálculo realmente hubiera dado menos, como sostiene el oficialismo, no habría razón para demorar su aplicación. La resistencia deja en evidencia el objetivo: sostener un relato de desaceleración que no se condice con el bolsillo de la gente.
El problema no es solo técnico. Un IPC subestimado impacta en paritarias, jubilaciones, bonos indexados y mediciones de pobreza. También reduce el peso de rubros clave como tarifas y alquileres, que hoy absorben una porción mucho mayor del ingreso familiar de lo que refleja el índice nacional.
La supuesta “desinflación libertaria” muestra fisuras. Con recesión, salarios deprimidos y ajuste fiscal, la inflación volvió a mostrar una tendencia ascendente en los últimos meses. En lugar de revisar la estrategia, el Gobierno eligió maquillar el termómetro.
Cuando las estadísticas se convierten en herramienta de propaganda, la credibilidad se erosiona. Y sin confianza, ningún programa económico es sostenible.