El programa económico del gobierno de Javier Milei vuelve a poner en el centro del debate el costo social del ajuste. Los últimos datos oficiales muestran un nuevo deterioro de los indicadores de pobreza, con un impacto particularmente fuerte en los dos extremos de la vida: niños y adultos mayores.

Según los datos del Indec, durante el primer semestre de 2026 la pobreza alcanzó al 32,3% de la población, 4,1 puntos porcentuales más que en el semestre anterior. La indigencia también aumentó: llegó al 7,5%, con una suba de 1,8 puntos.

Pero detrás del promedio aparece una realidad todavía más preocupante. La pobreza no afecta de la misma manera a todos los grupos sociales. Entre los menores de 14 años alcanzó al 44,5%, mientras que entre los mayores de 65 años llegó al 14,8%. En ambos casos, además, se observa un deterioro significativo.

La infancia, la más expuesta

Casi la mitad de los menores de 14 años se encuentra por debajo de la línea de pobreza. El dato representa unos 4,1 millones de niños y niñas y supone un aumento de 3,2 puntos porcentuales respecto del segundo semestre de 2025.

En apenas seis meses, cerca de 165.000 chicos se incorporaron al universo de la pobreza. La indigencia también presenta su nivel más elevado en este grupo: alcanza al 10,8%.

La situación de los niños está directamente vinculada con la capacidad económica de sus hogares. Al no contar con ingresos propios, cualquier pérdida de poder adquisitivo de los adultos responsables repercute sobre las condiciones de vida de todo el grupo familiar.

Los propios datos oficiales muestran la distancia entre los ingresos y el costo de vida. Entre el segundo semestre de 2025 y los primeros seis meses de 2026, el ingreso per cápita familiar aumentó 11,5%, mientras que la Canasta Básica Total subió 19,6% y la Canasta Básica Alimentaria aumentó 21,4%.

Es decir, los ingresos familiares avanzaron considerablemente menos que el costo de los bienes y servicios necesarios para superar las líneas de pobreza e indigencia.

Las transferencias sociales, como la Asignación Universal por Hijo y otros programas, funcionan como un mecanismo de contención. Sin embargo, distintos análisis advierten que su capacidad para compensar el deterioro de los ingresos es limitada.

El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA señala, además, que sin esas transferencias y pensiones no contributivas la indigencia tendría una incidencia considerablemente mayor.

Jubilados: menor pobreza, pero mayor deterioro

Entre los mayores de 65 años, la tasa de pobreza llegó al 14,8% durante el primer semestre de 2026. Son aproximadamente 880.000 adultos mayores.

Aunque este porcentaje continúa siendo inferior al registrado en otros grupos etarios, el dato que sobresale es la velocidad del deterioro: la pobreza entre los mayores aumentó 5,1 puntos porcentuales en apenas seis meses.

En términos absolutos, más de 300.000 adultos mayores pasaron a encontrarse por debajo de la línea de pobreza.

Una de las principales dificultades de este sector está relacionada con la evolución de los ingresos previsionales frente a los gastos específicos que deben afrontar. Medicamentos, atención médica, alimentos y servicios básicos ocupan una parte importante del presupuesto de los jubilados.

Por eso, la inflación general no necesariamente refleja el impacto concreto que tiene el aumento de precios sobre este grupo.

Según el informe citado de CP Consultora, la jubilación mínima, que alcanza a más del 60% de los adultos mayores, perdió alrededor del 10% de su poder adquisitivo real frente a noviembre de 2023, incluso considerando los bonos.

La diferencia entre ingresos y necesidades básicas también aparece al comparar la jubilación mínima con la canasta específica para adultos mayores. De acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, durante junio la Canasta Básica Total para un hogar de adultos mayores alcanzó los $1.714.568.

En ese mismo período, la jubilación mínima fue de $403.318, a la que se sumó un bono de $70.000 que permanece congelado desde marzo de 2024.

Una recuperación que no llega a todos

Los números muestran que el deterioro social no se distribuye de manera uniforme. La pobreza afecta especialmente a quienes tienen menos herramientas para compensar una caída de los ingresos.

En los niños, el impacto se transmite a través de los ingresos familiares y las condiciones de empleo de los adultos. En los jubilados, el problema está estrechamente relacionado con la evolución de las jubilaciones y con el peso que tienen determinados gastos sobre sus presupuestos.

Mientras el Gobierno sostiene su programa económico basado en el ajuste del gasto público y la reducción del déficit, los indicadores sociales muestran una tensión creciente entre la estabilización de las cuentas públicas y las condiciones materiales de amplios sectores de la población.

La llamada “motosierra” puede medirse en términos fiscales, pero también tiene una dimensión social. Y los últimos datos oficiales muestran que, en el primer semestre de 2026, esa tensión volvió a hacerse visible con especial intensidad entre los más chicos y los adultos mayores.

Fuente: Página 12