El Gobierno nacional resolvió postergar el debate de la reforma laboral hasta el 10 de febrero de 2026, una decisión que expone la falta de respaldo político del oficialismo y la imposibilidad de avanzar con un proyecto que recorta derechos sin contar con los votos necesarios.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, confirmó que se firmó un dictamen “abierto a cambios”, una admisión implícita de que la iniciativa impulsada por Javier Milei no reúne consensos y enfrenta un fuerte rechazo tanto en el Congreso como en el movimiento sindical.
Según fuentes parlamentarias, el oficialismo optó por frenar el tratamiento al constatar que el proyecto tenía altas probabilidades de naufragar en el recinto. La maniobra buscó evitar una derrota política contundente y ganar tiempo para renegociar apoyos en un escenario marcado por la desconfianza entre bloques y las tensiones internas.
La reforma laboral promovida por el Ejecutivo propone una mayor flexibilización de las condiciones de contratación y despido, limita derechos adquiridos y avanza sobre la ultraactividad de los convenios colectivos, entre otros puntos cuestionados por gremios y sectores de la oposición. En ese marco, las recientes movilizaciones sindicales y el mensaje de la CGT —“no podemos entregar nuestros derechos”— terminaron de enfriar un debate ya complicado para el Gobierno.
Tras reuniones reservadas con distintos actores, Bullrich decidió patear la discusión para febrero, apostando a introducir modificaciones que permitan destrabar el proyecto. Sin embargo, la postergación deja al descubierto la debilidad parlamentaria del mileísmo y devuelve la reforma a punto de partida.
Con el Congreso en pausa y un clima social cada vez más tenso, el oficialismo enfrenta un verano de negociaciones intensas, mientras la reforma laboral queda congelada, atrapada entre el rechazo político y la resistencia en las calles.
Fuente/Página 12