En el marco de una causa de alcance federal, este martes por la tarde se llevó adelante un procedimiento judicial en oficinas relacionadas al empresario Daniel Laudonio, ubicadas sobre calle Juan B. Justo al 500, en la ciudad de Puerto Madryn.
El operativo se encuentra bajo un estricto hermetismo, aunque trascendió que estaría ligado a una investigación de gran escala en la que se analiza un presunto circuito de facturación falsa, evasión tributaria y maniobras de lavado de activos. En ese expediente permanece detenida la contadora Natalia Foresio, cuñada de Laudonio, señalada como una pieza clave dentro de la operatoria.
La pesquisa, que se inició a partir de actuaciones de la DGI en mayo de 2025, fue tomando mayor complejidad hasta quedar en manos del juez federal Ernesto Kreplak. El magistrado apunta a desentrañar una supuesta estructura organizada que habría generado documentación apócrifa por cifras que superarían los 4.000 millones de pesos.
Foresio, actualmente alojada en el penal de Ezeiza desde mediados del año pasado, habría emitido comprobantes irregulares desde su estudio contable en La Plata, según consta en la causa. Aunque la mayoría de las empresas involucradas se concentran en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, la investigación también detectó conexiones en Chubut.
Uno de los nexos identificados sería la Cooperativa de Trabajo “El Triunfo”, con domicilio en Puerto Madryn, que figura a nombre de Nélida Formino, suegra del empresario y madre de la profesional detenida.
En paralelo, la fiscalía avanzó sobre más de un centenar de firmas bajo sospecha, entre las que se destacan Zanet S.A., El Tenaz S.A. y Químicos de Trelew, todas con vínculos con el entorno de Laudonio.
Un elemento que llamó la atención de los investigadores es la coincidencia temporal entre el inicio de las presuntas maniobras, en mayo de 2025, y la posterior conformación del directorio de Zanet S.A., integrado por Laudonio y su esposa, Daniela Foresio. Según se investiga, hacia esa estructura habrían sido direccionados numerosos comprobantes irregulares con el objetivo de reducir cargas impositivas y canalizar fondos de origen ilícito.