El gobierno libertario de Javier Milei volvió a chocar, esta vez de frente, con un límite que en una república no admite interpretaciones creativas: las leyes se cumplen. No se opinan, no se dilatan, no se vacían por decreto. Se cumplen. Y cuando el Poder Ejecutivo decide ignorarlas, la Justicia —aunque tarde— tiene la obligación de recordárselo.
La intimación judicial para que el Gobierno implemente de manera inmediata la Ley de Emergencia en Discapacidad desnuda algo más profundo que una discusión administrativa o presupuestaria. Expone una concepción de Estado que entiende los derechos como “costos” y a las personas más vulnerables como una variable de ajuste. El fallo es claro: hay un plazo concreto y, si no se cumple, habrá multas personales para funcionarios nacionales. No para el “Estado” en abstracto, sino para quienes hoy ocupan cargos y deciden no obedecer la ley.
Resulta llamativo —aunque ya no sorprendente— que el Ejecutivo insista en una estrategia de desgaste: apelar, dilatar, presentar informes técnicos vacíos y apostar al cansancio social. La ley fue sancionada por el Congreso, ratificada tras un veto frustrado y respaldada por tratados internacionales con jerarquía constitucional. Aun así, el Gobierno eligió el camino del incumplimiento sistemático, rozando la desobediencia judicial.
El juez federal de Campana no habló en potencial ni dejó márgenes de ambigüedad. La suspensión de la ley mediante un decreto sin financiamiento fue definida como lo que es: un veto encubierto, inconstitucional y violatorio de la división de poderes. La Cámara confirmó que la norma debe ejecutarse de inmediato, aun cuando la apelación siga su curso. En términos simples: primero se cumple la ley, después se discute.
Mientras tanto, las personas con discapacidad y sus familias siguen esperando lo básico: actualización de aranceles, pagos adeudados a prestadores, cobertura de tratamientos, acceso a medicamentos, reglas claras. Nada de privilegios. Derechos mínimos. Derechos ya reconocidos.
El argumento del “déficit cero” vuelve a aparecer como coartada ideológica. Sin embargo, los propios datos oficiales desmienten el dramatismo fiscal: el costo de financiar la emergencia representa una porción ínfima del PBI. No es un problema de números, sino de prioridades. Cuando se ajusta sobre quienes menos tienen, no hay épica liberal que lo maquille.
Este conflicto deja una pregunta incómoda para la Casa Rosada: ¿qué valor tiene la ley para un gobierno que se proclama defensor del orden, pero incumple normas votadas democráticamente? La respuesta, por ahora, la está dando la Justicia. Y también la están dando las familias, los prestadores y las organizaciones que, lejos de resignarse, siguen reclamando en tribunales y en la calle.
En un Estado de derecho no gobierna la voluntad del Presidente, gobierna la Constitución. Y cuando el Ejecutivo decide correrse de ese marco, no es rebeldía: es ilegalidad. La discapacidad no puede seguir siendo rehén de una cruzada ideológica que confunde ajuste con crueldad y libertad con abandono. Cumplir la ley no es una opción. Es una obligación.