El Gobierno de Javier Milei vuelve a quedar en el centro de las críticas por sus políticas de ajuste sobre dos sectores fundamentales: las universidades públicas y las personas con discapacidad. Mientras las casas de altos estudios reclaman recursos para garantizar su funcionamiento, docentes y estudiantes advierten sobre el deterioro de la educación pública. Al mismo tiempo, familias, prestadores e instituciones vinculadas a la discapacidad exigen respuestas ante las dificultades que atraviesa el sector.

En las universidades, el conflicto expone una disputa que va mucho más allá de los números presupuestarios. Está en juego el financiamiento de la educación pública, el salario de los docentes, las becas estudiantiles y el derecho de miles de jóvenes a acceder a una formación superior. Frente a los reclamos, el Gobierno debe dejar de esquivar sus responsabilidades y garantizar los recursos que corresponden.

En discapacidad, el panorama es igualmente preocupante. Detrás de cada prestación en riesgo, de cada tratamiento que necesita continuidad y de cada institución que lucha por sostener sus servicios, hay personas y familias que no pueden esperar. Los derechos de este colectivo no pueden quedar subordinados a una política económica que coloca el recorte del gasto por encima de las necesidades humanas.

El argumento del déficit fiscal y el repetido «no hay plata» no pueden justificarlo todo. El equilibrio de las cuentas públicas no debería construirse a costa de los sectores más vulnerables, de los trabajadores de la educación ni de quienes dependen de servicios esenciales para vivir con dignidad.

Milei debe entender que gobernar no es solamente ajustar, recortar y trasladar los costos de la crisis a la sociedad. También significa cumplir las leyes, garantizar derechos y asumir la responsabilidad por las consecuencias de sus decisiones.

Una universidad sin financiamiento suficiente y una persona con discapacidad sin las prestaciones que necesita representan mucho más que un problema presupuestario: ponen en discusión las prioridades de un Gobierno que debe explicar por qué el ajuste termina golpeando a quienes más necesitan la presencia del Estado.