La historia se repite con una crudeza que ya no sorprende, pero sí indigna. La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei avanza como una topadora sobre derechos conquistados durante décadas de lucha sindical y social. En nombre de la “modernización” y la “libertad”, se consuma un nuevo retroceso que golpea de lleno a quienes viven de su salario.
El discurso oficial habla de competitividad, de atraer inversiones y de terminar con la “rigidez” del mercado laboral. Pero detrás de esa retórica técnica se esconde una realidad mucho más concreta: flexibilización, debilitamiento de las indemnizaciones, pérdida de protección ante despidos y un corrimiento del riesgo empresario hacia el trabajador. Otra vez, el ajuste recae sobre los mismos hombros.
Lo más alarmante no es solo el contenido de la reforma, sino la trama política que la hizo posible. Senadores que llegaron a sus bancas prometiendo defender a sus provincias y a su gente levantaron la mano para acompañar una ley que precariza el empleo y erosiona garantías básicas. En una sesión que quedará marcada en la memoria colectiva, optaron por alinearse con el poder de turno antes que con quienes los votaron.
No alcanza con esconderse detrás de consignas partidarias o argumentos técnicos. La ciudadanía tiene derecho a preguntarse qué intereses se defendieron en ese recinto. Porque cuando una reforma que afecta a millones se aprueba con votos “aliados” que hasta ayer se mostraban críticos, la sospecha se instala inevitablemente. En política, las decisiones nunca son inocentes.
Mientras tanto, los trabajadores vuelven a ser las víctimas de un modelo que prioriza la rentabilidad por sobre la dignidad laboral. Se habla de libertad, pero se restringe la capacidad de negociar en igualdad de condiciones. Se promete crecimiento, pero se consolidan esquemas donde el capital gana margen y el asalariado pierde seguridad.
Es imprescindible tener memoria. Recordar los nombres de los senadores que votaron afirmativamente, provincia por provincia. No como un ejercicio de revancha, sino como un acto democrático básico: saber quién representa qué intereses. Las urnas no pueden ser un trámite cada cuatro años; deben ser el espacio donde se evalúa el compromiso real con la gente.
La reforma laboral no es un hecho aislado, sino parte de un rumbo político que redefine la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad. Y en ese rediseño, los trabajadores parecen haber quedado relegados al último lugar. La pregunta que queda flotando es cuánto más se está dispuesto a ceder en nombre de un modelo que, una vez más, beneficia a los de siempre.
Digital Chubut/Jorge Moll