Argentina atraviesa días oscuros bajo un gobierno que no tiene reparos en dinamitar, uno a uno, los pilares que sostienen nuestro desarrollo, nuestra ciencia y nuestra dignidad como pueblo. Javier Milei no gobierna: arrasa.
El anuncio de su intención de eliminar organismos claves como el INTI, el INTA, el CONICET-CENPAT, Vialidad Nacional o incluso el Hospital Garrahan —sí, un hospital que atiende a miles de niñas y niños de todo el país— evidencia una estrategia de desguace sistemático. Son instituciones construidas a lo largo de décadas, con trabajo, inversión pública y compromiso social, que no sólo garantizan derechos sino que también impulsan el crecimiento productivo, la soberanía tecnológica y la inclusión.
Pero Milei no está solo. El plan de destrucción que encabeza tiene aliados —o mejor dicho, socios políticos— que lo sostienen y lo legitiman: el PRO, un sector de la UCR y muchos partidos provinciales a lo largo y ancho de la Argentina levantan la mano para que esta demolición avance. Son cómplices necesarios de la entrega de nuestro país al negocio de unos pocos.
El impacto es devastador y real. En provincias como Chubut, la posible desaparición de Vialidad Nacional dejaría a decenas de familias sin su fuente de trabajo, condenando a trabajadores que día a día mantienen y construyen rutas para conectar la región más austral y extensa del país. Lo mismo sucede en cada rincón de la Argentina: miles de puestos de trabajo y comunidades enteras quedan a la deriva ante la motosierra del ajuste.
¿A quién beneficia un país sin ciencia? ¿A quién favorece un campo sin investigación y desarrollo? ¿Qué futuro puede tener una Nación sin infraestructura vial que integre regiones? ¿Qué sociedad puede sobrevivir sin hospitales de referencia para los sectores más vulnerables?
La respuesta es brutal: nadie, salvo aquellos intereses privados que se relamen ante la venta de lo público a precio de remate. Lo que Milei llama “libertad” no es más que la entrega de la Argentina a la voracidad de unos pocos.
El destrato hacia el pueblo argentino es evidente y deliberado. Es maldad disfrazada de dogma. Es crueldad envuelta en discurso de ajuste. Son los más necesitados —los niños enfermos, los científicos que investigan para el bienestar de todos, los productores que dependen de la asistencia técnica, los trabajadores de caminos que conectan la Argentina profunda— quienes pagan la fiesta de la motosierra.
El rumbo es claro y el daño es profundo. Pero lo más alarmante es la resignación que intentan sembrar: hacernos creer que este camino es inevitable. Que no hay alternativa. Que debemos mirar para otro lado mientras se vende nuestra dignidad.
No es así. Es nuestra responsabilidad denunciarlo, organizarnos, defender cada espacio conquistado y recordar, como enseñó la historia argentina, que cada intento de destrucción tiene una respuesta: la resistencia de un pueblo que no está dispuesto a regalar su futuro.
Argentina no se vende. Argentina se defiende.
Por: Luis Lucero/Digital Chubut