El Gobierno de Javier Milei celebró que la inflación de mayo se ubicara en 2,1%, apenas una décima por debajo del 2,2% que muchos analistas proyectaban. El dato fue presentado como una nueva demostración del éxito del programa económico libertario. Sin embargo, detrás de los números oficiales persisten interrogantes sobre cuánto reflejan realmente la situación cotidiana de millones de argentinos.
Mientras el índice mensual muestra una desaceleración respecto de los picos inflacionarios heredados de años anteriores, la percepción social sigue siendo muy distinta. Los aumentos acumulados en alimentos, servicios, alquileres, medicamentos y tarifas continúan golpeando el poder adquisitivo de trabajadores y jubilados, que difícilmente perciben una mejora equivalente a la que exhiben las estadísticas.
El discurso oficial insiste en que la inflación está siendo derrotada, pero la caída del consumo, el cierre de comercios y la pérdida de empleo en distintos sectores de la economía plantean otra cara del ajuste. Para numerosos economistas críticos, la desaceleración de precios no responde únicamente a una política monetaria más estricta, sino también a una profunda recesión que limita la capacidad de compra de la población.
La pregunta que comienza a instalarse es si una inflación más baja alcanza para hablar de recuperación cuando gran parte de la sociedad sigue enfrentando dificultades para llegar a fin de mes. Porque una cifra del 2,1% puede ser celebrada en los despachos oficiales, pero para quienes vieron deteriorarse sus ingresos durante los últimos años, los números aún están lejos de traducirse en una mejora concreta de su calidad de vida.
La inflación podrá mostrar una tendencia descendente en las planillas oficiales. El desafío pendiente es que esa baja deje de ser un dato estadístico y se convierta en una realidad palpable para los argentinos. Mientras eso no ocurra, el riesgo es que el Gobierno confunda éxito macroeconómico con bienestar social, dos conceptos que no siempre avanzan de la mano.