Una organización criminal dedicada a la modalidad conocida como “sextorsión” fue desbaratada tras una investigación que se inició en la provincia del Chubut y derivó en allanamientos en Mendoza. El operativo fue llevado adelante por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina.
La causa comenzó en noviembre de 2025 a partir de una denuncia presentada ante el Ministerio Público Fiscal de Lago Puelo, a cargo del fiscal Carlos Díaz Mayer, luego de que un vecino de la localidad chubutense de Cholila fuera víctima de una estafa.
Según la investigación, el hombre fue contactado a través de la red social Facebook por una mujer que se identificó como “Carla”. Posteriormente la conversación continuó mediante WhatsApp. Tras intercambiar mensajes e imágenes, la supuesta joven aseguró ser menor de edad y cortó el contacto.
Poco después, un hombre que dijo ser el padre de la joven se comunicó con la víctima y le exigió dinero bajo la amenaza de denunciarlo. El sujeto argumentó que su hija habría intentado quitarse la vida y que necesitaba asistencia psicológica urgente.
La maniobra incluyó además la participación de otras personas que afirmaban ser abogados e incluso un fiscal. Estos enviaban documentación falsa, entre ellas un supuesto amparo por “ciberacoso” y un acta de defunción, asegurando que la joven se habría suicidado como consecuencia de la situación.
Presionado por las amenazas, el damnificado realizó varias transferencias bancarias a los extorsionadores por un monto cercano a 2 millones de pesos.
Ante esta situación, el Juzgado Penal de la Circunscripción Judicial de Lago Puelo, a cargo de la jueza Silvana Cecilia Vélez, ordenó a los efectivos de la División Unidad Operativa Esquel de la Policía Federal avanzar con la investigación.
Tras tareas de campo y análisis de movimientos bancarios, los investigadores lograron reconstruir la ruta del dinero y determinar que los fondos eran transferidos a allegados de un interno alojado en el Complejo Penitenciario Almafuerte, ubicado en la localidad mendocina de Luján de Cuyo, señalado como el presunto organizador de la maniobra.
Asimismo, se detectó un domicilio en el barrio La Gloria, en el departamento de Godoy Cruz, donde residirían otros dos integrantes de la banda.
Con las pruebas reunidas, el juzgado interviniente ordenó una serie de allanamientos que fueron realizados con la colaboración de la División Unidad Operativa Federal Mendoza de la Policía Federal. Durante los procedimientos se identificó y notificó de la causa a los investigados, todos argentinos y mayores de edad.
En los operativos se secuestraron dos notebooks, ocho teléfonos celulares y documentación de interés para la causa, elementos que quedaron a disposición de la Justicia en el marco de una causa caratulada como “Extorsión”.
