En medio de un clima político cada vez más tenso, una nueva polémica golpea al gobierno de Javier Milei. Esta vez el foco está puesto sobre el vocero presidencial y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien fue denunciado penalmente por presuntos delitos vinculados al uso de fondos del Estado en viajes al exterior y destinos turísticos.
La presentación judicial fue realizada por el diputado nacional Esteban Paulón, acompañado por los legisladores Maximiliano Ferraro y Pablo Juliano. En la denuncia se solicita que la Justicia investigue posibles maniobras de malversación de fondos públicos, cohecho y tráfico de influencias, en relación con traslados que habrían sido financiados de manera irregular.
Uno de los episodios bajo sospecha es un viaje oficial a Estados Unidos, en el que —según la denuncia— habría participado la esposa del funcionario dentro de la delegación gubernamental. También se cuestiona un traslado a Punta del Este, que tomó notoriedad pública a partir de videos y publicaciones periodísticas que comenzaron a circular en redes y medios.
De acuerdo con los denunciantes, el eje de la investigación debería centrarse en determinar de qué manera se financiaron esos viajes y si se utilizaron recursos estatales para gastos personales o ajenos a funciones oficiales. El punto que genera mayores interrogantes es la declaración jurada patrimonial del propio Adorni, donde figura como ingreso principal su salario como funcionario, lo que —según los legisladores— abre dudas sobre el origen del dinero utilizado para algunos desplazamientos.
El caso adquiere además una dimensión política inevitable. Durante meses, Manuel Adorni fue uno de los principales voceros del discurso oficial que denunciaba el supuesto despilfarro de fondos públicos en gestiones anteriores. Ahora, la lupa de la Justicia y de la opinión pública se posa sobre su propia conducta.
Mientras el gobierno intenta relativizar el impacto del caso, la denuncia ya está en manos de los tribunales, que deberán determinar si se trató simplemente de un episodio administrativo o si, como sostienen los denunciantes, existen indicios de un nuevo caso de corrupción dentro del propio gobierno que prometía terminar con ella.