De kelper a malvinero: Milei redescubrió Malvinas de la mano de Trump
Javier Milei pasó de admirar a Margaret Thatcher y reivindicar la autodeterminación de los habitantes de las islas a presentar a Malvinas como una “causa sagrada”. El giro ocurrió después de que Donald Trump insinuara que Estados Unidos podría revisar su respaldo a la posición británica.
En cadena nacional, el Presidente anunció que endurecerá las sanciones contra empresas que exploten recursos en las islas, adelantó la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y propuso crear un Consejo de Seguridad Nacional.
Sin embargo, buena parte de esas herramientas ya existen. La Ley 26.659, sancionada en 2011, establece sanciones para las compañías que exploren o exploten hidrocarburos en áreas cuya soberanía reclama la Argentina sin autorización del Estado. Gobiernos anteriores ya aplicaron esas medidas contra empresas vinculadas con la actividad petrolera en Malvinas.
El principal foco es Sea Lion, el proyecto offshore de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la cuenca Malvinas Norte, cuya perforación está prevista para 2027. Hasta ahora, el Gobierno de Milei no había adoptado medidas contundentes para frenarlo.
El cambio de discurso también llega después de que Trump utilizara la cuestión Malvinas como instrumento de presión sobre el Reino Unido, en medio de sus reclamos por el gasto militar británico y su posición frente a Irán.
Milei llamó ahora a la “unidad nacional” en defensa de la soberanía. La apelación recuerda, inevitablemente, al uso político de Malvinas durante la última dictadura, cuando Leopoldo Galtieri también creyó que Estados Unidos podía respaldar a la Argentina.
Durante casi tres años, la cuestión Malvinas quedó relegada por un alineamiento internacional centrado en Washington. Ahora vuelve al discurso presidencial, pero de la mano de Trump.
La pregunta es si se trata de una verdadera rectificación de la política exterior o de otra consecuencia del alineamiento de Milei con Estados Unidos. La Argentina ya cuenta con leyes, antecedentes diplomáticos e instrumentos jurídicos para defender su soberanía. Lo que falta comprobar es si el Gobierno está dispuesto a utilizarlos de manera sostenida.
Fuente: Página 12