La política de desregulación impulsada por el presidente Javier Milei sumó un nuevo capítulo con la eliminación definitiva de los programas Ahora 12, Cuota Simple y las normativas remanentes vinculadas a Precios Cuidados. La decisión fue oficializada mediante la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026, publicadas en el Boletín Oficial, y representa el cierre formal de herramientas que durante más de una década facilitaron el acceso al crédito para millones de consumidores argentinos.
Si bien estos programas ya habían dejado de funcionar en la práctica, la derogación de 58 normas vinculadas al comercio interior confirma la intención del Gobierno nacional de avanzar hacia un esquema de mercado con una menor participación del Estado en las políticas de consumo y control de precios.
Desde la administración libertaria sostienen que la medida apunta a simplificar el marco regulatorio, eliminar normas consideradas obsoletas y brindar mayor previsibilidad jurídica. Sin embargo, diversos sectores económicos advierten que la decisión llega en un contexto complejo, marcado por la pérdida del poder adquisitivo, el aumento del desempleo y la retracción del consumo interno.
Ahora 12, creado en 2014, se convirtió en una de las principales herramientas para financiar la compra de electrodomésticos, indumentaria, materiales para la construcción, muebles y servicios turísticos. Su posterior reemplazo por Cuota Simple significó una reducción considerable de beneficios, con menos cuotas disponibles y mayores costos financieros para los usuarios. Finalmente, el programa también dejó de renovarse.
La visión oficial sostiene que el crédito debe desarrollarse exclusivamente bajo las condiciones impuestas por el mercado financiero, sin subsidios ni incentivos estatales. Bajo ese criterio, los programas de financiamiento al consumo generaban distorsiones en los precios y alteraban la asignación de recursos.
No obstante, especialistas y representantes del sector comercial señalan que la desaparición de estas herramientas podría profundizar las dificultades de las familias para acceder a bienes durables en un escenario donde las tasas de interés continúan elevadas y los salarios muestran dificultades para recuperar terreno frente al costo de vida.
La resolución también elimina la normativa vinculada a Precios Cuidados, esquema que durante años funcionó como referencia para productos de consumo masivo en períodos de alta inflación. Para el Gobierno, estos mecanismos interferían en el normal funcionamiento del mercado. En cambio, organizaciones de consumidores sostienen que contribuían a moderar aumentos y brindar previsibilidad en la compra de productos esenciales.
La ofensiva desreguladora también alcanzó al sector educativo privado. El Ejecutivo ratificó la eliminación del sistema que obligaba a los establecimientos a informar y solicitar autorización para modificar sus aranceles, argumentando que esas exigencias limitaban la capacidad de adaptación de las instituciones frente a las fluctuaciones económicas.
Con estas decisiones, la gestión de Javier Milei profundiza su modelo de liberalización económica y reduce la presencia estatal en áreas vinculadas al consumo y la regulación de precios. Mientras el Gobierno defiende la medida como parte de un proceso de normalización del mercado, crecen los cuestionamientos sobre el impacto que estas políticas tendrán en los hogares argentinos, especialmente en un contexto donde el acceso al crédito y el poder de compra continúan deteriorándose.