El episodio se registró el lunes por la noche sobre la Ruta Provincial N.º 25, a la altura de Dolavon. El ahora exfuncionario intentó eludir un control policial y fue interceptado luego de una persecución.
El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, dispuso la cesantía inmediata de un funcionario provincial que fue detenido mientras circulaba en un vehículo oficial transportando animales faenados sin autorización. El procedimiento derivó, además, en una denuncia judicial.
El protagonista del hecho fue identificado como Ventura Antonio Martínez, quien hasta ese momento ocupaba el cargo de director de Asuntos Municipales en el Ministerio de Gobierno y Justicia. Según informaron fuentes oficiales, Martínez conducía una camioneta Renault Alaskan perteneciente a esa cartera cuando intentó esquivar un control policial y se dio a la fuga.
La evasión se extendió por cerca de 19 kilómetros, hasta que efectivos lograron interceptar el rodado. Al revisar la caja del vehículo, los agentes hallaron 27 animales faenados —entre corderos y chivos— sin la documentación sanitaria ni legal correspondiente para su traslado.
Ante esta situación, Martínez fue demorado y trasladado a la Comisaría de Dolavon, donde quedó imputado por desobediencia a la autoridad, además de las infracciones vinculadas al transporte ilegal de carne. La Justicia interviene ahora para determinar el alcance de las responsabilidades penales.
El hecho generó un fuerte impacto político, dado que se trataba de un funcionario en funciones que utilizaba un bien del Estado para una actividad presuntamente ilícita. Horas después de conocido el episodio, el gobernador Torres firmó el decreto que dejó sin efecto su designación, ordenando su expulsión inmediata de la administración pública provincial.
Desde el Ejecutivo se indicó que la medida responde a la gravedad de lo ocurrido y a la incompatibilidad de estas conductas con el ejercicio de la función pública. Asimismo, se confirmó que el Gobierno avanzó con una presentación formal ante la Justicia para que el caso sea investigado a fondo.
Voceros oficiales remarcaron que la decisión busca sentar un precedente claro y reafirmar una política de tolerancia cero frente al uso indebido de recursos estatales y cualquier irregularidad cometida por funcionarios públicos.
Fuente/ADNSUR